Hace unas semanas El Uniandino experimentó un intento coordinado de censura que todavía se encuentra en marcha.
“DMCA Aviso para dar de baja”, así empieza un correo electrónico que recibimos de alguien que nos pedía “remover inmediatamente” una de nuestras publicaciones “bajo la sección 512 de la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital [Digital Millennium Copyright Act] de Estados Unidos”. El autor del correo argumentaba que estábamos incurriendo en plagio.
“Declaro, bajo la gravedad de perjurio, estar autorizado por el propietario de los derechos de autor [para hacer esta reclamación]”, cierra el correo.
La publicación que nos pedían eliminar era “El historial de Eduardo Behrentz”, una investigación publicada en abril de este año donde damos cuenta de varios episodios problemáticos en la trayectoria profesional de Eduardo Behrentz, quien en ese entonces era vicerrector financiero y candidato a la rectoría de Los Andes.
Behrentz renunció a la universidad después de que el Consejo Superior eligiera a Raquel Bernal como la siguiente rectora. En su sesión del 29 de abril, el Comité Directivo lamentó su decisión de retirarse de la universidad.
Cuando le preguntamos al exvicerrector si era él quien estaba detrás del intento de censura, se abstuvo de respondernos, nos dijo que estaba preocupado por su reputación y que él no era “funcionario público, ni [ustedes] son la Contraloría. No me siento obligado a contestar”.
Abajo todo lo que encontramos.
El intento de censura
El lunes 12 de septiembre de este año, a El Uniandino llegó un correo electrónico en el que se nos acusa de plagio. Quien firma nos pide “remover inmediatamente el contenido violatorio de los derechos de autor”.
El correo hace referencia a la investigación “El historial de Eduardo Behrentz”, publicada el 19 de abril del 2022. Como única evidencia del reclamo, dice que la historia se publicó un día antes, el 18 de abril del 2022, en un sitio web diferente a eluniandino.com.
Nos abstenemos de referenciar la dirección de la copia para no darle credibilidad dentro de los motores de búsqueda.
Cualquier persona que inspeccione la publicación, sin embargo, es capaz de concluir rápidamente que sucedió lo contrario: el contenido que fue objeto de plagio le pertenece El Uniandino.
Tan es así, que una revisión rápida del código fuente del artículo plagiado muestra que la última modificación se hizo el 12 de septiembre de este año (el mismo día que nos llegó el correo con la reclamación). Además, el repositorio “Way Back Machine” guarda una copia de nuestra publicación del 19 de abril, mientras que del contenido plagiado no tiene ninguna.
Si cualquiera es capaz de identificar de inmediato cuál es el contenido original, ¿por qué entonces pasar por el esfuerzo de subirlo a un blog y modificar su fecha de publicación? La respuesta es simple: porque no se busca convencer a ningún humano, basta con engañar a los algoritmos de los motores de búsqueda.
Como se ha reportado extensamente en el mundo y en Colombia, existen empresas que se dedican a vender el “olvido” en internet. Sus clientes pagan para que ellas abusen de los sistemas de protección de copyright y eliminen o reduzcan la visibilidad de contenidos que, generalmente, revelan abusos de poder, corrupción o producen incomodidad a personas poderosas.
Políticos corruptos, narcotraficantes o personalidades con escándalos a sus espaldas, entre otros, suelen ser los clientes frecuentes de estas empresas.
La forma en la que actúan es relativamente sencilla. Lo primero que hacen es descargar una copia del contenido que quieren eliminar, luego lo vuelven a subir a internet con la fecha de publicación alterada para que sea anterior a la original y entonces pescan en río revuelto: mandan reclamaciones por violación del copyright a los dueños del contenido original, a las empresas que albergan sus páginas y, finalmente, a los motores de búsqueda.
Basta con que alguno de estos actores caiga en la trampa para que el contenido sea bajado de internet o deje de aparecer como resultado de una búsqueda, para así lograr, efectivamente, censurar la publicación.
Este “servicio” no sucede en el vacío: se ha demostrado que las personas que lo contratan pueden llegar a pagar desde 2.500 dólares por link eliminado hasta 30.000 dólares por una “limpieza” completa, dependiendo del perfil del cliente. En otras palabras, cuesta dinero y alguien debe estar dispuesto a pagarlo (y también a torcer las reglas).
Cuestionado por este periódico sobre su involucramiento en el intento de censura a la investigación “El historial de Eduardo Behrentz”, Behrentz nos dijo que tenía “una inquietud grande sobre las implicaciones que [la historia] tiene para mi reputación”, luego se rehusó a contestar a nuestras preguntas. “Yo no soy un funcionario público, y [ustedes] no son la Contraloría. No me siento obligado a contestar”, nos dijo antes negarse de nuevo a dar más comentarios.
Una solicitud específica
Desde finales de abril de este año, en el periódico hemos hecho seguimiento a las reacciones que produjo la publicación de “El historial de Eduardo Behrentz” dentro y fuera de la universidad. Temíamos que pudieran perseguir a nuestras fuentes por haber hablado.
De hecho, según nos dijo uno de los asistentes a la reunión del Consejo Académico del 21 de abril, el mismo Behrentz “dijo que haría todo lo que estuviera en su poder para encontrar a la persona que filtró [la información]. Nos dijo que iría hasta las últimas consecuencias”. Esto lo confirmaron dos asistentes más con los que hablamos.
El comentario del entonces vicerrector no quedó registrado en el acta de la reunión, a pesar de que la discusión ocupó una parte importante de la agenda según nos dijeron independientemente tres personas que estuvieron ahí.
A la siguiente semana el entonces candidato a rector renunció a Los Andes y, de acuerdo a nuestra reportería del momento, su advertencia de “ir hasta las últimas consecuencias” nunca se materializó en ninguna acción concreta dentro de la universidad.
A inicios de agosto, sin embargo, Eduardo Behrentz se puso en contacto con uno de los periodistas que trabajó en “El historial de Eduardo Behrentz”. Tenía una solicitud específica: que la investigación se bajara del sitio web del periódico o, por lo menos, que se limitara su visibilidad.
“Yo quería solicitarles a ustedes, si hay chance, que la nota no siga publicada”, le pidió Behrentz al periodista. “No que la borren, pero sí por lo menos que no quede como esas [historias] destacadas que tienen en el portal”.
El exvicerrector nos dijo que hacía esa solicitud porque sentía que la nota “hace una descripción de una persona que no soy. No me considero deshonesto, no considero que haya abusado de mi poder [...]”. Además, agregó que estaba pensando en “futuras posibilidades laborales, gente que conozca en el futuro… Quisiera que esa nota no fuera tan visible”.
Siguiendo nuestra política editorial, donde se establece que “una vez una historia sea publicada, bajo ninguna circunstancia se le podrán hacer modificaciones salvo que haya errores”, este periódico rechazó la solicitud de Behrentz. En cambio, le dijimos que si contaba con información que desmintiera algún elemento de nuestra reportería con gusto haríamos la corrección y pediríamos disculpas públicas.
“Gracias por la respuesta. Analizo lo que me dicen y les cuento. Saludos”, fue lo último que nos dijo, pero nunca más nos volvió a contactar.
Para el momento de esta publicación en el periódico hemos denunciado ante Google y su servicio de Blogging el contenido plagiado que se está utilizando para censurarnos. También están al tanto del caso la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y El Veinte, una organización que defiende judicialmente periodistas, medios de comunicación y usuarios de redes sociales en litigios relacionados con el derecho a la libertad de expresión.
Por: Alejandro Lozada
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