En esta entrada el representante estudiantil ante el ConsejoSuperior y miembro del Comité de Relaciones Exteriores del CEU, Felipe Acosta, reflexiona sobre los retos de las universidades en medio de la pandemia y sus dilemas.
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No hay discusiones fáciles en esta coyuntura, todas tienen implicaciones reales en la vida de las personas y las instituciones a corto y largo plazo. Pensar cada alternativa muestra que la experiencia y los libros son insuficientes para guiar el camino, predecir el futuro o determinar las consecuencias. Por este motivo, siento la necesidad de expresar un poco de lo aprendido como representante estudiantil en el Consejo Superior de la Universidad de los Andes, la mayoría de público conocimiento, con el objetivo de mostrar algunos dilemas y dificultades de las universidades privadas. En mi opinión hay tres variables esenciales que determinan el margen de maniobra de las universidades y los estudiantes: la situación económica de las familias y la universidad, la capacidad de adaptarse a la coyuntura social y política, y la transparencia y la democracia universitaria.
Esas variables son solo una parte del contexto de incertidumbre en el que nos debemos mover. Las categorías siempre se quedan cortas para entender el entramado de relaciones y el efecto en la comunidad. Como cualquier cosa en la vida hay pocas respuestas correctas y todo, desde la forma de abordar el problema hasta sus posibles soluciones, está mediado por cuestiones éticas e ideológicas. Entre más multidimensional e integral sea la discusión mejor será el resultado.
Pagar la matrícula, concentrarse en clase o gozar de salud mental se empieza a convertir en un privilegio cada vez más escaso
En lo económico esta crisis parece mostrar un comportamiento de “U” donde poco a poco diferentes sectores se ven afectados y no se sabe cuándo va a tocar fondo ni en qué fecha se termina. En ese proceso los primeros perjudicados fueron los vendedores informales, luego los comercios, la construcción, sitios dedicados al entretenimiento, etc. Todos impactados en diferente magnitud. En cada uno de esos sectores trabajan nuestras familias, vecinos y amigos que se irán sumando a larga lista de golpeados por la cruel realidad económica. Pagar la matrícula, concentrarse en clase o gozar de salud mental se empieza a convertir en un privilegio cada vez más escaso.
Entre los últimos afectados financieramente está la universidad, se espera que uno de los grandes perdedores del segundo semestre sean las instituciones de educación superior. Varios artículos han hablado de una deserción del 50%. En la Universidad de los Andes estimamos, por el momento, 20% en pregrado y 40% en posgrado. En este punto, para ser sensatos, hay que decir que ninguna universidad es igual a otra, las posibilidades de bajar matrícula, dar ayudas y reducir la deserción depende mucho del tipo de institución, poco es generalizable. Lo que sí es cierto es que el número de universidades con alta estabilidad financiera es muy bajo, habrá muchos casos de instituciones al borde de la quiebra y otras que irán a pérdidas. Hay universidades regionales que ya plantean la posibilidad de cerrar en el 2020-2 por falta de liquidez hasta que la deserción se reduzca. Ese tipo de decisiones va a depender de la capacidad de reducir gastos y reinventarse. Es inevitable que surja la pregunta ¿dónde hacer recortes? Quienes han visto estados financieros de universidades deben saber que la lista de gastos fijos es larga con la nómina en primera fila. Si se quieren reducciones considerables de la matrícula sin diversificar ingresos se hace necesario tocar salarios. Cualquier rector empático estará obligado a evitar los extremos. Es una locura mandar recibos de 18 y 25 millones a familias quebradas o hacer llamadas para que el docente le explique a su familia que se quedó sin trabajo. Los puntos medios parecen quitar menos el sueño y ser más óptimos, lo ideal será pensar soluciones alternativas reconociendo que diversificar en este momento no será rápido ni fácil.
La segunda variable es la capacidad de adaptarse a la coyuntura social y política. Volver a clases presenciales va a depender de las restricciones del Gobierno Nacional y local, se habla de múltiples cuarentenas a lo largo del año. En Los Andes proyectamos que esta situación se puede prolongar varios años, la denominada “Nueva normalidad”. Algunos de nosotros nos vamos a enfermar y seguramente profesores también. En ese sentido, las universidades deben estar preparadas para ofrecer opciones de virtualidad y presencialidad por igual. Cada decisión va a tener efectos en la deserción, los gastos de la universidad y los problemas económicos de las familias. Las universidades hasta ahora han tenido una posición cómoda ante la realidad en un sector de poco cambio donde se predica mucho, pero se transforma poco. Es fácil encontrar profesores que llevan años dando los mismos cursos y rectores haciendo lo mismo por décadas. Esa realidad parece haber llegado a su fin y ahora cada semana saldrán decretos y acontecimientos que nos obligan adaptarnos constantemente. Tal vez por primera vez aplicar lo que predicamos. La coyuntura política se encuentra dominada por especulación y egos personales que nos obligan a acomodarnos tanto a decisiones necesarias como caprichosas.
La fortaleza de los consejos estudiantiles y los espacios de deliberación se pondrán a prueba. Las universidades que todavía no gozan de representación en las altas instancias tienen un doble trabajo de dar la pelea por hacer escuchar las voces de todos
La última variable que considero pertinente mencionar es la transparencia y democracia universitaria. Si las directivas no son transparentes con los estados financieros y no se toman el tiempo de explicar cada decisión es inevitable que exista inconformidad. Incluso que pierdan el control de la situación. De aquí en adelante se vienen un montón de decisiones difíciles que perjudican a todos. En ese sentido, la participación de los estudiantes y profesores es vital para adaptar mejor cada propuesta. Mucho más cuando las universidades son probablemente los lugares con mayor capital humano en el país y pocos van a tragar entero. La fortaleza de los consejos estudiantiles y los espacios de deliberación se pondrán a prueba. Las universidades que todavía no gozan de representación en las altas instancias tienen un doble trabajo de dar la pelea por hacer escuchar las voces de todos y conseguir los espacios. Si no se aprovecha la coyuntura para fortalecer el pensamiento crítico, la participación estudiantil y el debate informado tal vez estamos perdiendo una oportunidad que no se repetirá en décadas y las decisiones serán menos justas de lo que lo podrían ser.
Los estudiantes no van a recibir la misma calidad que en la presencialidad en todos los casos, los profesores tendrán que dedicar tiempo aprender nuevos métodos de enseñanza y los administrativos reducir o eliminar excedentes y transformar los modelos de negocio. Se viene una situación difícil donde estudiantes, profesores y administrativos van a tener que ceder. Las instituciones que no promuevan ese sentido de comunidad y transformación continua van a pagar la factura.
Hasta ahora solo he hablado de variables que afectan y consideraciones de forma, pero tal vez lo más importante es comprender que de fondo las decisiones serán concepciones éticas, ideológicas y económicas sobre el modelo de universidad que cada comunidad desea tener.
Es muy fácil gritar que bajemos la matrícula o que pague el que pueda. Considero que no es momento para ser ortodoxos y cerrados al debate.
Por poner ejemplos, ¿bajamos matrículas a todos o damos ayudas solo a los más necesitados? ¿La educación es una inversión o un gasto? ¿Debemos promover que los estudiantes se endeuden para pagar la matrícula? ¿Despedimos profesores y empleados? ¿Gastamos las matrículas en crear laboratorios y pruebas de COVID? ¿Recortamos gastos en investigación por no ser rentables? ¿Hacemos recortes en las facultades de ciencias sociales y educación por falta de matriculados? ¿Quitamos las becas? ¿Cuestionamos los bajos salarios en el sector de la educación, pero vamos a pedir reducciones cuando llega la crisis? ¿Es justo bajar salarios de profesores que han duplicado su carga laboral? ¿Qué pasa si la universidad se quiebra? ¿Qué pasa si por falta de ayudas alguien debe abandonar la universidad? ¿Cuál es el costo social de toda la situación? ¿La universidad debería endeudarse ahora y que paguen las siguientes generaciones? ¿Se debe pensar en justicia intergeneracional? ¿Qué papel tienen las universidades en la reactivación económica? ¿Es justo el precio de la matrícula?
Ninguna de esas preguntas tiene una respuesta correcta, al final todo dependerá del modelo de universidad que elijamos. Es muy fácil gritar que bajemos la matrícula o que pague el que pueda. Considero que no es momento para ser ortodoxos y cerrados al debate. Las posiciones de extrema beligerancia restan más de lo que suman. Evitemos usar nuestra formación en autores y teorías para buscar la auto validación, detonar prejuicios o sesgos personales que en el fondo esconden un intento de profesar aparentes recetas mágicas. Es momento de pensar como comunidad, buscar soluciones innovadoras y estar dispuestos a sacrificar algo. Hacer reflexiones profundas y entender los matices genera angustia, pero se requiere valentía para dar debates de altura. Estamos en una realidad impensable, inesperada y desconocida que nos presiona a romper los moldes y repensar las opciones. Ojalá siempre desde la empatía.
Por: Felipe Acosta Cárdenas, estudiante de Ciencia Política con opción en Economía y Gobierno. Miembro del Comité de Relaciones Externas del CEU y del Consejo Superior de la Universidad de los Andes
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