Juan Camilo Monsalve es estudiante de Derecho y Economía en la Universidad de los Andes. Aquí su columna "Un dolor de cabeza llamado la cadena perpetua". Para contestar la columna envíe su propuesta a periodicoeluniandino@gmail.com.
Hay un tema que después de tantos meses me sigue dando vueltas en la cabeza: el regreso de la cadena perpetua a Colombia. Un tema social y políticamente tan complejo como él mismo. Por esta razón es un debate que debemos retomar aún más cuando en los próximos meses la Corte Constitucional tomará una decisión. En todo caso, ¿por qué no sería bueno implementar la cadena perpetua a los más terribles delincuentes de este país?
Comencemos por ver la finalidad que persigue la cadena perpetua, a la luz de sus mismos promotores (el Gobierno y sus amigos). De acuerdo con el representante Lorduy, con su aprobación “se enviará un mensaje a quienes quieran atentar en contra de niños y niñas de Colombia”. En julio de 2020, en plena pandemia y con Congreso virtual, se aprobó el Acto Legislativo 01. Este acto reformaba el artículo 34 de la Constitución, que prohibía de forma expresa la prisión perpetua. Con la reforma, se abrió la puerta a que “de forma excepcional” se pudiera aplicar la cadena perpetua en casos donde se cometieran delitos graves contra niños, niñas o adolescentes. Pero el cambio en la constitución no implicaba que la cadena perpetua se pudiera aplicar de forma inmediata, se necesitaba una ley que la reglamentara.
Como nuestro Congreso cuenta con dotes de agilidad y eficiencia, la ley apenas entró en vigor el 6 de julio de 2021 (casi un año después de la reforma a la Constitución). De ahí que los comentarios de nuestro jurista en jefe, Iván Duque, sobre inaugurar la cadena perpetua con los militares en el terrible caso de la niña embera en junio de 2020, hayan sido totalmente desatinados. Duque se estaba anticipando un año a que fuera parcialmente posible, porque incluso estando reglamentado no es el Presidente, si no la Fiscalía, el encargado de solicitar la cadena perpetua en un caso particular. Aunque hoy en día Fiscalía y Gobierno huelen a lo mismo.
El Gobierno supuso entonces que la cadena perpetua funciona de forma efectiva como un desincentivo a cometer este tipo de delitos. No obstante, una suposición de este tipo debe tener fundamento. Uno no puede andar por la vida incrementando penas en nombre de la intuición y del sexto sentido. Ahí encuentro el primer problema, a los promotores y al Gobierno se les pasó demostrar la eficiencia de la medida. Esto no es un asunto menor, existen una serie de lineamientos para formular la política criminal (la política pública de los delitos), entre estos el del sustento empírico que debe estar detrás de cualquier medida adoptada. Pero bueno, quizás este fue un desliz del Gobierno y los promotores. Sigamos, que el camino es largo.
Para aquellos que les duele el bolsillo y son austeros por naturaleza, en su momento la Comisión Asesora en Materia de Política Criminal estableció que sería necesario invertir 643 millones de pesos, sin incrementos anuales, por cada persona condenada, para volver el sueño de la cadena perpetua una realidad. Con este dinero se podrían financiar casi cuatro carreras universitarias completas. Una increíble paradoja identificada por el Comité: el estado invierte en manutención de los agresores casi el doble que en el bienestar de las víctimas.
Si esto aún no los convence, pensemos la discusión desde la razón de ser de la cárcel. Como sociedad hemos normalizado la cárcel como la respuesta a nuestros problemas de delincuencia. Es usual verlo bajo la Ley del Talión: ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, dentro de nuestro obsoleto sistema punitivo, al menos se destaca un cambio de mentalidad sobre el fin de la pena. En estos últimos días fue tendencia la palabra resocialización, debido al caso de Epa Colombia. La resocialización establece que las penas deberían buscar que un individuo logre respetar las reglas, pueda vivir en sociedad, sin poner en peligro a terceros. En la cadena perpetua, pura y simple, es claro que hay una renuncia a la resocialización. Pero nuestros vivos congresistas añadieron una pequeña cláusula: la pena será revisada a los 25 años, para estudiar si el condenado ha logrado la tan esperada resocialización.
En principio esto parece suavizar el debate sobre los fines de la pena. Sin embargo, está implícito que la libertad será la excepción a la regla. Para muchos colombianos, no sería un problema que uno de estos delincuentes terminé pasando el resto de su vida en la cárcel. En últimas, son personas tan dañadas que no hay posibilidad alguna de su resocialización. Son lo más bajo de la sociedad y, así, carece de todo sentido práctico su existencia. Pero, ¿al fin y al cabo quiénes somos nosotros para decidir quiénes pueden ser curados y quiénes no?
Después de todo esto, ¿qué nos depara el futuro? No fue sino que la reforma fuera expedida para que se vieran los ríos de demandas. Un total de 13 demandas se han presentado contra la reforma. En los próximos meses, nueve magistrados deberán decidir sobre la constitucionalidad de esta medida. Actualmente, el proceso que se encuentra más adelantado está en manos de la magistrada Pardo. Incluso, los medios han confirmado en los últimos días que su propuesta es declarar la reforma inconstitucional (no permitir el regreso de la cadena perpetua). Este no es un detalle menor, la magistrada Pardo es conocida por sus posturas ideológicamente más cercanas al partido de Gobierno. Necesita 4 votos adicionales para que su propuesta sea acogida por la Corte.
En principio, parece altamente probable que lo logre. Lo único cierto es que si la Corte opta por declarar inconstitucional la reforma, será vista como una institución antidemocrática por la gran mayoría del país. Solamente con ir a leer los comentarios en redes sociales, en publicaciones como la de El Tiempo, de cínicos y violadores no bajan los insultos contra los magistrados y demandantes. De ahí, que sea necesario retomar esta discusión en todos los espacios: universidades, colegios, centros comunales, incluso en el mismo núcleo familiar. Corremos el enorme riesgo, de que en medio del atractivo del populismo punitivo, se extienda sin límites la cadena perpetua a todo tipo de delitos. Las penas no están hechas para hacer campaña. Como diría un viejo conocido (*inserte acento paisa*): ojo con el 22.
Por: Juan Camilo Monsalve. Estudiante de Derecho y Economía en la Universidad de los Andes.
*** Esta columna hace parte de la sección de Opinión y no representa necesariamente el sentir ni el pensar de El Uniandino.