El 16 de junio de 2018, doña Rubiela Blanco huyó hacia Bogotá desplazada por la violencia. Aquí, como otros miles de desplazados, reclama su derecho a ser reparada por ser víctima del conflicto armado. El Uniandino reconstruye esta travesía sin tiquete de regreso que evidencia las condiciones adversas y precarias que debe soportar la población desplazada en la capital.
El viaje y la ocupación
Los 267 desplazados, reportados en la Unidad de Víctimas, llegaron desde finales de octubre de 2020 al edificio Oxo Center, en Bogotá, ubicado en la carrera 11 con 94, una de las zonas más exclusivas de la ciudad, y en donde está la embajada de Noruega, con un pliego de peticiones. Armaron varios cambuches —hechos con cartón, retablos de madera y bolsas— y se instalaron frente al edificio para que les brindaran una solución. Allí vivían en condiciones muy precarias, aguantando frío y hambre. ¨No teníamos agua potable, ni baños, los alimentos que ingeríamos son los desechos que quedaban de almacenes como Ara, Éxito, D1 y Olímpica, los cuales vienen con residuos de desinfectante, como la creolina¨, dice Joselito Tique Yara, representante jurídico de la Mesa de Concertación de Víctimas —un espacio temático de participación efectiva de las víctimas destinado para la capacitación y seguimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Víctimas— antes de ser interrumpido por su compañera Rubiela Blanco, una mujer de piel morena, ojos marrones y cabello hasta las orejas de color rojizo.
Rubiela huyó de Puerto Santander, en Norte de Santander, el 16 de junio de 2018, tras ser sorprendida por la guerrilla en su finca ubicada en el municipio de San Calixto, zona del Catatumbo. Solo pudo irse con una sábana y con las lágrimas que no paraban de brotar de sus ojos al ver cómo se llevaban a su hijo de crianza, Dixon José Guzmán. Como muchos desplazados del país, se fue en busca de un mejor destino para Bogotá, la capital cubierta con frondosas montañas y espesas nubes.
Con el poco dinero que tenía en su bolsillo se dirigió a la terminal de transporte y emprendió una travesía que, según ella, le cambiaría la vida. Colocaba su rostro en la fría ventana del bus, recordando todas las tragedias que inundaban su vida. Tuvo que vivir el asesinato de su padre, Florencio Blanco Flores, en manos del EPL en 1994; el infarto de su madre en 2010; el fallecimiento de 4 hermanos a causa de un atentando de los paramilitares y recibir un diagnóstico de cáncer de piel en 2016 que empeora cada día más. Las lágrimas volvían a brotar de sus mejillas con cada recuerdo y la promesa de un mejor mañana se empañaba frente a sus ojos.
Después de 13 horas de viaje, y de haber recorrido 711 kilómetros, en los que lloró unas cuatro veces, Rubiela sintió un frío insoportable apenas puso un pie en tierras bogotanas. La sábana que traía no le abrigaba casi nada, pero sin quejarse decidió emprender su camino hacia la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Allí hizo una fila de más de dos horas para ser atendida, interpuso una solicitud para que la integraran al Registro Único de Víctimas (RUV) y se movilizó a la Embajada de Noruega, donde se encontró con otras 266 víctimas del conflicto armado colombiano, quienes buscaban lo mismo que ella: la indemnización prometida.
La indemnización es una medida de reparación integral que entrega el Estado colombiano como compensación económica por hechos victimizantes sufridos durante el conflicto armado. Se entrega a las víctimas que han sufrido de desaparición forzada, desplazamiento forzado, secuestro, lesiones personales, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Desde hace tres años Rubiela y sus compañeros se encuentran reclamando esta ayuda, ya que hacen parte del Registro Único de Víctimas (RUV). Sin embargo, actualmente, en Colombia el sistema de reparación ha sido ineficiente con respecto al cumplimiento de estas indemnizaciones. ¨Con el ritmo que se lleva hasta ahora, se tardaría 62 años en reparar [a las víctimas]¨, dijo Carolina Alzate, investigadora de la Fundación Forjando Futuros, en una entrevista con la W radio.
La señora Blanco construyó un vínculo muy especial con Ismael Hurueña, un desplazado que salió de Barrancabermeja, Santander, después de que la guerrilla matara a su esposa y a sus seis hijos. De su casa solo se llevó un par de camisetas, una cobija y sus ganas de llegar a Bogotá para ser escuchado.
“Decidí venir a Bogotá para luchar por mis derechos y para hacer justicia por mi mujer y mis hijos. Perdí parte de mi vista porque la guerrilla me torturó. Aquí ya vamos para un año y el Gobierno no nos ha correspondido en nada, mucho menos la Embajada de Noruega. No nos han dado ni una pastilla para el dolor, estamos esperando a que alguien se acuerde de nosotros”, comenta Hurueña, con la voz entrecortada y peinando delicadamente con las manos su cabello lleno de canas.
Rubiela e Ismael cuentan que antes dormían en la acera que queda delante de las oficinas de Claro, pero fueron desalojados de allí. Luego de lo sucedido se trasladaron al otro lado de la calle, frente a la Embajada de Noruega. En varias ocasiones intentaron entrar a la embajada, pero no los dejaron pasar de la entrada principal. “Nos tienen vulnerados los derechos, las instituciones no quieren saber de las víctimas, todos los edificios de acá nos quieren sacar a patadas, todo el mundo se hace el de la vista gorda”, recalca Rubiela Blanco. “Nos han violentado más de lo que ya estamos, somos el olvido de Colombia”, sentencia mientras se seca las lágrimas con la blusa amarilla manchada que llevaba puesta.
Según miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá, de la estación Chicó Norte, no es permitido el ingreso de los desplazados al edificio Oxo Center para prevenir posibles disturbios con la Embajada de Noruega. “Nosotros solo cumplimos un papel regulatorio para evitar que los manifestantes intenten ingresar violentamente al edificio y se agrande más el conflicto”, sostiene Edgar Corchuelo, intendente jefe de la Policía Metropolitana de Bogotá. “Tenemos entendido que los desplazados están reclamando un dinero que la Embajada de Noruega les debe por ser parte de una población vulnerable, pero mientras el problema se resuelve debemos salvaguardar la seguridad de todos, incluyendo los funcionarios de la embajada”, argumenta el suboficial.
Por su parte, la administración de las oficinas Claro explica que los desplazados fueron expulsados de sus instalaciones porque la situación les estaba afectando mucho, ya que se “había desmejorado el aspecto del sector”. Para Cindy Lorena Apache, administradora de las oficinas Claro, “la zona se ha convertido en una calle del cartucho y siempre hay malos olores. Muchos clientes se abstienen de venir a esta sucursal porque el área tiene mal aspecto. Varios administradores de edificios aledaños a la invasión hemos recolectado firmas para que el Gobierno busque soluciones, pero no se ha dado respuesta alguna”.
Un operador de aseo de la Alcaldía Local de Chapinero, quien no quiso revelar su identidad por seguridad, concuerda con Cindy Apache y asevera que, aunque se haga aseo regularmente, la calle siempre se mantiene sucia y con excremento. También dice que, al no haber baños ni canecas suficientes, a las víctimas se les dificulta mantener la higiene.
El desalojo
Las 267 personas víctimas del conflicto armado colombiano que habitaban los cambuches frente a la Embajada de Noruega se mantuvieron con la firmeza y el sentido de resistencia que los caracterizaba hasta el 7 de febrero de 2022, día en que sus vidas volvieron a perder el rumbo. Mediante una querella policiva, liderada por Oscar Javier Martínez Correa (de la mano con la Secretaría de Gobierno y la Alcaldía Local de Chapinero), les pidieron desalojar el espacio que habitaban en la Cra. 11 entre las calles 94 y 94ª. Los desplazados pidieron que los dejasen más tiempo, pero sus súplicas no fueron atendidas. No tuvieron de otra más que recoger las pocas pertenencias que tenían y guardarlas en cajas y bolsas de basura. La incertidumbre se apoderó de ellos.
En medio de todo el caos y la lluvia, a Rubiela Blanco le dio taquicardia y una hemorragia externa, causada por una caída, y fue trasladada por funcionarios de la Secretaría de Integración Social al Centro Médico Cafam Floresta. Allí los médicos le mandaron reposo absoluto, pero dadas sus condiciones se vio obligada a buscar un lugar donde dormir. Emprendió su camino hacia el barrio San Diego, ubicado en la localidad de Santa Fe, junto a su amigo Joselito. Al principio, durmieron al lado de la estación de Transmilenio San Diego y, luego fueron auxiliados por Silvia García, la dueña de unas habitaciones en arriendo, quien les dio hospedaje a cambio de trabajo.
“Yo los vi durmiendo en el piso, con unas cuantas cobijas y sin almohadas.Me dio mucho pesar verlos allí tirados, el corazón se me quebró y decidí extenderles una mano”, cuenta García mientras mezcla en una olla lo que parece un caldo de patas de pollo.
Actualmente Rubiela y Joselito siguen habitando en esas habitaciones, pero sus condiciones de vida siguen siendo precarias: muchas veces no tienen para comer y solo se toman un tinto para no tener el estómago vacío. Duermen con almohadas que fueron recogidas de la calle, el lugar donde residen es peligroso, según cuenta Rubiela, y deben correr el riesgo de salir a rebuscarse hasta entrada la noche con el miedo de que les pase algo. Aproximadamente 18 de los desplazados que estaban en el edificio Oxo llevaron su protesta al edificio de la Justicia Especial para la Paz, al norte de la ciudad, donde se asentaron con varias butacas y pancartas esperando una respuesta a sus peticiones.
Pero además del hambre, la suciedad y el frío, las víctimas del conflicto armado viven con la incertidumbre del futuro. Aníbal Ruiz, otra de las personas afectadas por la violencia, se ha comunicado, en vano, con la Unidad de Víctimas mediante correo electrónico y de manera presencial para reclamar la ayuda que les prometió el Estado. “Tengo constancia del auxilio que me deben y, aún así, me dejan como mentiroso. He tocado todas las puertas, ya no sé qué más hacer”, cuenta Aníbal con desespero.
La Unidad de Víctimas tiene el rol de brindar acompañamiento y asesoramiento legal a las víctimas del desplazamiento forzado. Según cifras de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 82.846 personas fueron desplazadas entre enero y noviembre de 2021, lo cual representó un aumento del 169% respecto al 2020.
La Unidad de Víctimas también se encarga de remitir a las víctimas a las entidades correspondientes, dependiendo de la situación, y a engancharlas al mercado laboral. “Muchas veces nos demoramos en responder las solicitudes por el volumen, son muchos los casos de personas que sufren este tipo de violencia. Nosotros estábamos tomando acciones en su momento, pero es bastante complejo. Esperemos que se pueda llegar a un acuerdo con el Gobierno y las demás entidades “, declara Estefanía Payares, funcionaria de la Unidad de Víctimas.
La situación no parece mejorar en Bogotá. Cada día que pasa es un infierno para quienes han sido desplazados y sienten que se les ha impuesto una pena de muerte en vida. Rubiela cree que todo lo ha hecho ha sido en vano, extraña su casa, su ciudad, pero sobre todo a su hijo, de quien no sabe nada aún. En medio de este panorama complicado, la lucha prevalece. Así lo asegura Rubiela mientras se toma un tinto en un sofá desgastado: “Como buena líder hay que echar pa´ delante, porque pa´ atrás asusta”.
Por: Sara Viviana García Altamiranda