El pasado 9 de septiembre del año 2022 se hicieron virales en redes sociales videos en los que se puede ver al rector de la Universidad Militar Nueva Granada, Luis Fernando Puentes, discutiendo con miembros del sindicato de administrativos de esa universidad. Puentes pretendía que se quitasen unas pancartas del sindicato que tenían denuncias en contra de su administración: “En la Universidad Militar se vulneran los derechos de carrera administrativa”, se podía leer en una de ellas.
“Aquí nadie ha autorizado colocar pancartas (sic)”, le dice Puentes a David Gil, vicepresidente del sindicato. “Tráigame la norma [que autoriza poner pancartas] y con mucho gusto le doy el derecho”, remata.
Más allá del episodio, que puso a la Universidad Militar Nueva Granada en el centro de la opinión pública, lo cierto es que las garantías para todo aquel que ejerce su libertad de expresión en la universidad, tal parece, se han deteriorado en los últimos años. Administrativos y estudiantes han denunciado persecuciones, sabotaje a sus intentos de organización y hasta amenazas.
“Es mejor que se quede callado o se va a hacer matar. Con la Militar no se meta”, le dijeron hace unos meses a Jean Paul Artunduaga, estudiante de décimo semestre de derecho en esta universidad, cuando un hombre lo interceptó en su recorrido habitual hacia la universidad.
En una colaboración con El Uniandino, En Radar revela un patrón de hostigamientos, amenazas y persecuciones en contra de organizaciones estudiantiles, profesorales y sindicales dentro de la Universidad Militar Nueva Granada.
Abajo nuestros hallazgos.
La difícil tarea de ser sindicalista en La Militar
Los videos que se hicieron virales en septiembre del año pasado evidencian cómo se han escalado las tensiones entre la administración de la Universidad Militar y su sindicato de administrativos. La misma creación del sindicato en el 2019 “se llevó a cabo debido a las múltiples injusticias no solo de esta administración sino de las demás”, asegura Eduardo Solorzano, presidente de Sintraunal, un sindicato de trabajadores de las universidades públicas de Colombia. “Tenemos seis denuncias en fiscalía en contra del [actual] rector y de otros directivos de la universidad”, remata David Gil, vicepresidente de la organización.
El 20 de mayo del 2020, empezó a circular en WhatsApp un panfleto firmado por el hasta entonces desconocido “Tercer Sindicato”. En el texto se explica que se trata de una organización que busca “rescatar los valores perdidos en la Universidad Militar Nueva Granada” y señala al sindicato de administrativos, a docentes y a estudiantes de convertir la universidad en un “nicho de bandidos, como sucede en la mayoría de universidades públicas”. Además, exhorta al rector, Luis Fernando Puentes, para que “emprenda una labor de limpieza y desinfección”.
Desde ese momento, los panfletos empezaron a circular con mayor frecuencia y se hicieron más osados. El 13 de octubre de 2020, por ejemplo, se difundió el segundo documento en el que se señala a los sindicatos de “acabar con los activos de la universidad”. Apenas un mes después, el 19 de noviembre, circuló un nuevo comunicado de El Tercer Sindicato en el que se acusa sin pruebas a diferentes académicos de la universidad de ser “un grupo criminal”.
Fue un año más tarde, el 8 de diciembre de 2021, que se difundiría el documento que haría de punto de quiebre. Por los grupos de WhatsApp de los miembros de la Universidad Militar empezó a circular un comunicado, supuestamente del Eln, en el que se expresa apoyo a ciertas solicitudes hechas por Sintraunal a la administración de la universidad.
Un día después, El Tercer Sindicato utilizaría este comunicado para acusar a miembros de Sintraunal —y del sindicato de profesores— de tener nexos con la guerrilla del Eln: “Queda claro en este vulgar panfleto la conexión entre los tales ‘sindicatos’ de nuestra universidad y los asesinos del Eln”.
Según Reynell Badillo, internacionalista e investigador de la Universidad del Norte —y quién ha dedicado gran parte de su vida académica a entender el conflicto armado y sus actores—, el comunicado atribuido al Eln tiene varias inconsistencias. El frente del Eln que aparece firmando el documento, por ejemplo, tiene como eje central de actuación el Valle del Cauca y el Cauca, no Bogotá.
“Mi impresión es que el comunicado es falso o no tiene ningún riesgo real [...]. [Ese frente] no tiene capacidad operativa para hacer cumplir las amenazas fuera de su zona de actuación y no tienen ningún interés por meterse en asuntos que le competen a otros frentes urbanos", explica Badillo. "Eso provocaría mucha atención mediática para un frente que viene debilitado desde hace tiempo”, concluye el investigador.
Además de las inconsistencias que señala Badillo, miembros de Sintraunal encontraron información adicional en el documento que, en su parecer, apunta a que fue divulgado con la intención de desprestigiar al sindicato.
“El último panfleto [en el que los asocian con el Eln] fue enviado como un archivo en PDF. En la metadata de ese archivo, el autor aparece como ‘José Luis Cadena M’ [asesor de la oficina de relaciones internacionales de la Universidad Militar]”, asegura el vicepresidente del sindicato de administrativos, David Gil.
Foto: pantallazos de los software utilizados por el sindicato de administrativos para recoger la metadata del panfleto del Tercer Sindicato.
Para la junta directiva de Sintraunal se trata de un intento de persecución: “Querían relacionarnos con el Eln. Esa es la forma como hacen los falsos positivos para acabar con organizaciones y sindicatos, y llevarse a una persona presa por seguridad nacional”, concluye Gil.
Este periódico intentó contactar al funcionario Cadena en numerosas ocasiones para conocer su versión de los hechos y sus perspectivas frente a estas acusaciones. Sin embargo, al momento de esta publicación no hemos recibido respuesta.
Por su parte, el rector Puentes tampoco quiso pronunciarse al respecto, aún cuando este periódico lo buscó para ello.
Una amenaza de muerte
El lunes 25 de julio del año pasado, el estudiante Jean Paul Artunduaga fue interceptado por un hombre durante su recorrido habitual entre el campus de la Universidad Militar en Cajicá y su casa en Bogotá.
“Son pocas las características físicas que te podría dar del señor: tenía una chaqueta azul, era blanco, tenía el cabello corto. Es lo que alcancé a ver”, recuerda Artunduaga.
El hombre que describe, cuya identidad hasta el día de hoy se desconoce, viajaba en el mismo bus que el estudiante cuando este se disponía a regresar a su casa después de un día de clases. Fue en la parada frente a la Clínica de Marly que el hombre “se paró y me dijo que era mejor que me quedara callado, que me iba a hacer matar”. Antes de bajarse, además, le puso un panfleto en el pecho. En una hoja de periódico arrugada, delineado con resaltador, podía leerse el siguiente mensaje: “Cállese hijueputa, muérase marico mentiroso, arriba el ejército”.
Foto: uno de los panfletos recibidos por Artunduaga cuando fue interceptado por un hombre desconocido en el trayecto entre su casa y la universidad.
Aunque Artunduaga no interpuso una denuncia en la fiscalía inmediatamente después del evento, el jueves de la misma semana sucedió algo que lo hizo cambiar de opinión.
Esta vez, durante un recorrido en Transmilenio desde su casa hacia el campus universitario, Artunduaga fue interceptado nuevamente por otro hombre con quien alcanzó a tener contacto físico. “Me agarró de la mano y me dijo: es mejor que se quede callado o se va a hacer matar, con la Militar no se meta”, asegura. “Esa última amenaza me motivó a hacer la denuncia, porque es bastante delicado y no sé qué pueda suceder en el futuro”, concluye.
Días antes de que las amenazas tuvieran lugar, Artunduaga se había reunido con miembros de los sindicatos de la universidad. En esas reuniones, se había discutido una denuncia en contra de los directivos de la Militar hecha por el sargento retirado Carlos Eduardo Mora.
“No es coincidencia que yo le solicite a la universidad un pronunciamiento sobre las acusaciones de un exempleado, y después de reunirnos con el sindicato de docentes y con Sintraunal, se vengan a presentar estas amenazas”, dice el estudiante.
Las denuncias a las que se refiere Artunduaga se hicieron públicas en el portal La Nueva Prensa, donde el sargento (r) Mora aseguró haber recibido órdenes por parte del rector Luis Fernando Puentes para hacer perfilamientos ilegales a estudiantes y docentes.
De acuerdo a lo narrado en la entrevista, Mora fue enviado a la Universidad Militar Nueva Granada con la idea de que trabajara con la policía en temas de seguridad. Sin embargo, las órdenes que recibió fueron otras.
De acuerdo a la versión que le dio Mora a La Nueva Prensa, en julio de 2020 el rector Puentes lo citó en su oficina y le pidió que “hiciera perfilamientos de unos estudiantes y docentes que eran afines a Gustavo Petro, quien en ese momento era candidato presidencial”.
“Cuando se habla de perfilar, lo que queremos saber es toda la información de una persona: sus contactos personales, a dónde va, dónde se mueve, qué le gusta, con quién habla, con quién no habla. Toda la información que se pueda recolectar sobre esa persona”, le dijo Mora a En Radar en una entrevista.
Los señalamientos que hace sobre la Universidad Militar van más allá de la figura del rector. Estos también abarcan a miembros de la administración como el actual jefe de la oficina de Protección del Patrimonio, el coronel retirado Enrique Cotes Prado.
La prueba que Mora dice tener para sustentar su denuncia es una conversación grabada donde Cotes se refiere explícitamente a las órdenes de realizar perfilamientos y a las acciones que se estaban llevando a cabo para ello. A pesar de que le pedimos a Mora acceder a este audio, él se negó.
Por su parte, el rector Luis Fernando Puentes se refirió a las acusaciones en un comunicado publicado el 13 de julio del año pasado. Ahí sostiene que las denuncias hechas “atentan contra el buen nombre y la reputación de la institución” y asegura que “se efectuarán las indagaciones en el marco de los canales institucionales y ante las autoridades que corresponda”.
En Radar intentó contactarse con Puentes para ampliar su versión de los hechos, pero hasta el día de esta publicación no hemos recibido respuesta.
Contactado por En Radar, el coronel retirado Cotes aseguró que solo le “interesa hablar dando la cara ante la fiscalía sobre los especulativos, publicitados e hipotéticos perfilamientos comentados y dizque cometidos contra abstractas y anónimas víctimas (sic)”.
Cotes también dijo que tiene “radicada una denuncia penal por injuria y calumnia contra Carlos Mora y espero en lo sucesivo seguir haciéndolo, contra quien o quienes especulativamente sin obvias pruebas, me hagan señalamientos públicos o mediáticos”.
Sea cual sea el caso, lo cierto es que en la Universidad Militar Nueva Granada se respira un ambiente de intranquilidad del que aún no hay respuestas concluyentes y que se reafirma con el silencio de sus directivos.
Por: Diana Gil de En Radar. Con contribuciones en la reportería y escritura de Alejandro Lozada de El Uniandino
