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  • El Uniandino

Perros guardianes en el campus: el debate entre maltrato y seguridad


Los animalistas y las empresas de seguridad se disputan si el uso de perros para actividades de vigilancia es una forma de explotación o si, por el contrario, las habilidades especiales de estos animales son esenciales para mantener la calma y la seguridad de los ciudadanos. Este debate no ha sido ajeno a la comunidad uniandina: los grupos animalistas de la universidad han buscado mecanismos para que los perros no sean utilizados para estas actividades, pero tanto Gerencia del Campus como la empresa de seguridad contratada por la universidad insisten en que el barrio donde está Los Andes se encuentra en una zona demasiado riesgosa como para deshacerse de ellos.



¿Explotación o necesidad?


“no tenía sentido tener a los perros en condiciones deplorables simplemente para enseñarle a la gente a ser gente”

Andrea Padilla, la concejal animalista por el Partido Verde, sostiene que el uso de perros para detección de explosivos y defensa controlada es una forma de maltrato pues existe una intención de forzar conductas en los animales: “en general son actividades tremendamente limitantes para los perros porque implican condiciones de adiestramiento severas, que suponen restringirles libertades y someterlos a condiciones de vida muy reducidas”. Padilla impulsó la propuesta de retirar 108 perros que eran utilizados para defensa controlada en el Transmilenio, con el argumento de que “no tenía sentido tener a los perros en condiciones deplorables simplemente para enseñarle a la gente a ser gente”. Para la concejal, hay muy pocas actividades para el servicio humano que garanticen el bienestar de los animales y que el animal, efectivamente, disfrute. A Padilla no le gusta usar el término “trabajar” para referirse a la actividad de los perros de seguridad porque “no reciben salario, no tienen prestaciones ni garantías sociales y hay una relación de explotación, pues son condiciones que generalmente son crueles en las que viven encerrados”.


Por otro lado, Jorge Hernando Manrique, Jefe de Seguridad y Servicios de la universidad desde hace 29 años, afirma que para el programa de seguridad el dúo vigilante-canino es fundamental porque permite “generar una sinergia entre las actividades preventivas, los manejos de control en espacios públicos y la relación que se puede tener tanto con la comunidad como con las autoridades”. Todo esto en el marco de un programa de apoyo a las entidades de seguridad en los entornos universitarios que integra a 15 universidades del centro, a los vecinos y a los comerciantes.



Por su parte, Laura Caviedes, estudiante de tercer semestre de Ciencia Política y representante de la división animal del grupo Mesa Ambiental Uniandina (MAUA) defiende la idea de que no hay razón para que los perros sean utilizados con el objeto de satisfacer propósitos humanos: “los perros sí tienen una necesidad de cumplir una función dentro de su comportamiento natural, pero ya que nosotros vayamos a decidir cuál tiene que ser y cómo tiene que cumplirla es completamente absurdo […] no podemos decir que tienen que ir a cuidar, asustar o encontrar explosivos”. Caviedes también considera que el uso de perros para la actividad de seguridad es una manera de esclavitud porque toda la legislación sobre su uso va encaminada a garantizar exclusivamente la supervivencia de los animales de manera que puedan trabajar. De forma similar, Catalina Reyes, exdirectora del grupo de participación de Conciencia Animal Uniandina (CAU) afirma que “es absolutamente injusto que [los perros] estén trabajando sin ninguna retribución y explotados para nuestro uso”.


“la velocidad que permite entregar el binomio, o sea el perro con el manejador versus un guardia solo es una diferencia bastante importante”

César Serrano, gerente de la compañía de seguridad Atempi, que presta los servicios de vigilancia a la universidad, sostiene que el uso de perros en Los Andes es muy importante porque “permite que haya una mejor respuesta ante cualquier situación que se presente” además, dice “la velocidad que permite entregar el binomio, o sea el perro con el manejador versus un guardia solo es una diferencia bastante importante”. Añade el gerente que los perros antiexplosivos han sido esenciales en una ciudad amenazada por bombas y que ha tenido problemas de terrorismo. Además, añade que el uso de perros contribuye con el mejoramiento de la seguridad y tranquilidad de los establecimientos y de la comunidad. “Este uso ha permitido disminuir los índices de inseguridad en la zona porque la percepción que se tiene en los corredores donde transitan los estudiantes hace que la delincuencia tenga ciertas prevenciones”.




Perros “de raza”, unidades caninas y armas disuasivas


“El perro puede atacar, pero en ese ataque sencillamente neutraliza al delincuente y el manejador puede revertir ese comando para que el canino vuelva a una posición tranquila”

En la normatividad vigente, los perros de vigilancia y seguridad no son considerados como armas. Tan es así que, en el capítulo I del Decreto 2187/2001, la regulación frente al uso de perros en empresas de vigilancia y seguridad privada se encuentra dentro del título III sobre “los servicios de vigilancia y seguridad privada sin armas”.

Al preguntarle al jefe de seguridad Manrique si cree que los perros pueden ser considerados como armas, su respuesta es que los considera “unidades disuasivas”. El jefe de seguridad afirma que, a diferencia de un arma, el perro se puede controlar a partir de un comando, mientras que no se puede devolver un disparo o lo que ocurra con un arma de fuego. “El perro puede atacar, pero en ese ataque sencillamente neutraliza al delincuente y el manejador puede revertir ese comando para que el canino vuelva a una posición tranquila”. Desde su perspectiva, si se dejaran de usar perros al vigilante se le debería dotar de un instrumento para su seguridad, pero dice que un servicio con armas puede ser contraproducente porque “se ha visto en las noticias y en las redes sociales cómo los vigilantes armados son reducidos por la delincuencia y con esa misma arma se les propina la muerte, o hay heridos, o hay balas perdidas”. Además, argumenta que, con 23 mil personas en el campus todos los días, tener un vigilante con armas puede ser un riesgo.


Por su parte, un vigilante de la universidad que prefirió reservar su identidad, apoya esta última posición pues considera que “cambiar [a los perros] por armas se vuelve más peligroso, porque a uno le quieren es robar el arma”, además afirma que una vigilancia sin armas los deja sin mecanismos de defensa.



Sin embargo, para la concejal Padilla, los perros utilizados para defensa controlada (los que alertan sobre sospechosos e inmovilizan al delincuente) son utilizados como armas de disuasión debido a que lo que se busca es intimidar a las personas. Dice que esto contribuye a su desnaturalización debido a que, bajo una crianza cariñosa y respetuosa, estos serían amigos de las personas: “no tiene sentido construir una sociedad ni una cultura ciudadana bajo esas premisas y mucho menos convertir a los animales en algo que no son”.


“El normalizar que unas razas de perros sean utilizadas para unas cosas y otras no raya en la esquizofrenia moral, yo no veo diferencia entre unas razas y otras”

Sin importar el nombre que se le dé a su función, lo cierto es que para las empresas de vigilancia la utilización de perros está estrechamente relacionada con su raza. De hecho, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad fija doce razas para el desempeño de estas funciones y dice explícitamente que solo se autorizará la utilización de las razas enumeradas en el apartado. Esto se configura en una suerte de estigmatización para la exrepresentante de CAU Catalina Reyes: “El normalizar que unas razas de perros sean utilizadas para unas cosas y otras no raya en la esquizofrenia moral, yo no veo diferencia entre unas razas y otras”.


Al interior de la universidad se ha discutido con los estudiantes la posibilidad de acoger a perros sin hogar -que normalmente son de razas criollas- para ponerlos al servicio de vigilancia, pero ni al jefe de seguridad ni a la concejal les parece una propuesta sólida. Por un lado, Manrique piensa que, como a los perros se les entrenan desde muy pequeños, un perro de la calle probablemente tenga una edad avanzada y sería difícil llegar a entrenarlo. Según él, hay ciertas razas que tienen un comportamiento mucho más idóneo que una raza criolla: “el entrenamiento puede demorarse mucho más tiempo y los recursos pueden incrementarse. Por eso hay unas razas especificadas en el Decreto 356 de 1994”.


La concejal Padilla propone un símil que ilustra su opinión. Argumenta que, así como el ejército no puede ser la solución para el niño que está en el orfanato, tampoco se pueden introducir los perros callejeros al servicio de vigilancia solo para desocupar calles y albergues, puesto que “ser explotados en empresas de seguridad está muy lejos de ser una opción digna y amorosa para perros que han sufrido abandono y maltrato”.




[Des]cuidados y reclamos


“los animales estaban todo el día con bozal, expuestos al sol y cuando se supone que estaban en sus tiempos libres estaban en unos caniles horribles, encerrados. Hay fotos de los caniles con orina y el perro ahí”


Mientras los perros de la universidad no están en servicio, reposan en unas perreras de dos metros cuadrados o en sus caniles con algo menos de espacio. Algunos estudiantes han detectado y denunciado conductas que consideran reprochables en el trato con los animales. Laura Caviedes, de MAUA Animal, cuenta que el grupo empezó a reunir sus experiencias frente a los perros de la universidad además de recibir fotos y videos: “los animales estaban todo el día con bozal, expuestos al sol y cuando se supone que estaban en sus tiempos libres estaban en unos caniles horribles, encerrados. Hay fotos de los caniles con orina y el perro ahí” nos dijo la representante.



“nosotros seríamos incapaces de tener un perro en un área que está orinada, eso raya con el sentido común de las personas”

Por su parte, con respecto a la denuncia por falta de condiciones sanitarias, Jorge Hernando Manrique respondió que “si las perreras estuvieran orinadas, los perros serían los primeros en enfermarse”. Sostiene que la asepsia en estas áreas es primordial porque los perros son muy sensibles en su tratamiento. De lo contrario “tendríamos a 45 unidades caninas enfermas y la universidad no permitiría”. Además, según él, se debe tener cuidado con los comentarios sin fundamento: “nosotros seríamos incapaces de tener un perro en un área que está orinada, eso raya con el sentido común de las personas”.


Para la concejal Padilla, los perros de vigilancia se encuentran en espacios muy reducidos, sin ningún tipo de relacionamiento con sus congéneres y con posibilidades de esparcimiento mínimas. Pero además reprocha que las empresas tomen parte de su niñez y juventud para entrenarlos y trabajar, y que los saquen mayores cuando no tienen la energía y vitalidad, una crítica compartida con los estudiantes.


¿Qué ocurre cuando a un perro se le acaba la “vida útil”? Según Atempi, por norma, existe la obligación de hacer un programa de adopción. Si los animales no son adoptados, se quedan en una finca que le pertenece a la empresa lo que resta de su vida. Dice la empresa que los perros tienen una vida útil de ocho años, pero que si no han tenido un trabajo muy fuerte se puede alargar por dos años más.


Por otro lado, Manrique dice que los perros no pueden trabajar más de seis años y recuerda que hace dos la universidad permitió a los estudiantes adoptar a siete de ellos. Según CAU, esta actividad fue producto de la insistencia que, por tres años, hizo el grupo a Gerencia del Campus y al exrector Pablo Navas. Aun así, a Laura Caviedes no le terminan de convencer estas jornadas de adopción: “a nosotros no nos gusta mucho porque sentimos que hacen un espectáculo, una rifa y muchos de estos perros terminan en manos de gente que no tiene la conciencia de qué es tener un animal, podríamos organizar algo mucho más serio y responsable para adoptarlos”.


En febrero de 2020 los miembros de MAUA hicieron presión en Twitter demostrando su inconformidad con el uso de perros de seguridad, pero no fue hasta que la concejal Padilla mostró su apoyo que el rector, Alejandro Gaviria, se pronunció al respecto en la misma red social.





Al respecto de la promesa del rector, el jefe de seguridad de Gerencia del Campus nos dijo que, aunque la propuesta se discutió, Los Andes no está preparada para deshacerse de los animales. Para él, falta conciencia ciudadana y un comportamiento más comprometido por parte de los estudiantes en temas de autocuidado.


El gerente de Atempi, César Serrano, también dice que se ha analizado la propuesta con la universidad, pero que el uso de perros genera una percepción de seguridad importante tanto para los estudiantes como para la ciudadanía en general. “Se podría decir ‘cambiemos los perros por vigilantes’, pero la velocidad del binomio versus tener solo un guardia es una diferencia importante; es decir, si quieres quitar el servicio de un binomio deberías tener 1.8 personas [por cada una que está con perro]”.


Esta situación se presta para cubrir con un manto de duda las prioridades de la universidad respecto de los perros como parte del esquema de seguridad: ¿importa más la percepción pública o el cuidado que en la realidad se le da a los animales?


Esto lo confirma CAU, quienes cuentan que a finales del 2016 le enviaron una serie de cartas a Gerencia del Campus exigiendo información sobre las rutinas de los perros debido a ciertas preocupaciones que manifestaron algunos estudiantes. Según nos dijo Catalina Reyes, exmiembro de CAU, de la universidad no “hubo una respuesta lo suficientemente contundente”. Esto llevó a ese grupo a hacer una evaluación de las condiciones de los perros a partir de lo que recogieron en entrevistas con los vigilantes y la información que brindó Los Andes.


A pesar de este esfuerzo, no pudieron establecer cuáles eran las horas específicas del servicio, su vida útil, ni de dónde provenían los perros que tenían las empresas. Lo que contrasta con la información que sí pudo recolectar este periódico al hacer esas mismas preguntas. El grupo animalista tampoco pudo realizar actividades disruptivas en la rutina de los animales como jornadas de esparcimiento con estudiantes los fines de semana porque nunca recibieron autorización por parte de la institución.


 

Por: Natalia Chavarro Naranjo


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