Daniela Álvarez Gallo. Miembro de La Universidad más Pública y expresidente del Consejo Estudiantil Uniandino. Aquí su columna "Las victorias del Paro". Para contestar la columna envíe su propuesta a periodicoeluniandino@gmail.com.
49 días de paro y más de 365 días desde que el comité nacional de paro presentó el pliego de peticiones de emergencia en búsqueda de entablar una negociación con el gobierno de Duque. Aunque el paro puede hoy enumerar varias victorias que no son menores, cabe destacar que el gobierno de Duque se negó a negociar con el movimiento social, rechazó ofrecer las garantías para la movilización solicitadas por el comité de paro y, en cambio, reprimió fuertemente el estallido social. El resultado lo registran las alarmantes cifras de violaciones de derechos humanos en contexto de protesta que registró la ONG Temblores.
Los logros que tuvo el paro no pueden atribuirse a nada diferente que las exitosas, masivas y mayoritariamente pacíficas movilizaciones que llenaron las calles, aún en un contexto de COVID, reclamando por una serie de políticas sociales urgentes para disminuir el impacto de la pandemia en el aumento de brechas sociales y económicas, pero que también dan cuenta de una situación previa que estaba lejos de ser justa y digna para todos las y los colombianos.
La movilización social tumbó la reforma tributaria, que fue la catalizadora de las protestas, una reforma que recaudaba 27 billones de pesos principalmente desde sectores sociales bajos y medios, de los cuales 10,5 billones provenían del IVA (impuesto regresivo que no tiene en cuenta el nivel de ingresos) y 20,6 billones el impuesto de renta a personas naturales y jurídicas; con efectos indirectos que aumentaban el precio de los productos de la canasta familiar en un contexto en el que 2,4 millones de familias ya no podían (o pueden) comer 3 veces al día; tasaba incluso los servicios funerarios y las cremaciones mientras miles de familias enterraban semanalmente a sus seres queridos debido al COVID.
Con la reforma tributaria se tumbó también al exministro Alberto Carrasquilla, quien era responsable de la vergonzosa propuesta (y de la reforma tributaria anterior que dio beneficios tributarios a grandes empresas e inversores por cerca de 9,4 billones de pesos como señala el observatorio fiscal de la Universidad Javeriana), de las mediocres iniciativas del gobierno para apoyar a las medianas y pequeñas empresas, y de garantizar a los colombianos más vulnerables la posibilidad de mantenerse en sus casas para evitar la dispersión del COVID. Carrasquilla en la cabeza del Ministerio de Hacienda fue, particularmente, tacaño con la atención de la pandemia, 105 países gastaron más porcentaje de su PIB para atender la crisis económica, en Latinoamérica fuimos el sexto país que menos porcentaje sobre su PIB gastó (16 países).
La movilización también logró tumbar el proyecto de ley 010 del 2021 que permitía la entrada de la intermediación financiera por medio del modelo de las EPS, y que en un comienzo contaba con el apoyo de la mayoría de los congresistas, las exigencias de la gente en las calles cambiaron esa correlación y lograron poner más congresistas en contra, tumbando el proyecto, las mayorías en las calles se pueden volver mayorías en el congreso con protesta social pero también votando bien y entrando a ser parte de estos estamentos.
Senadores de la bancada de la oposición advirtieron de la compra de 24 aviones militares por cerca de 14 billones de pesos que el gobierno de Duque planeaba gastar para reemplazar la flota anterior, la presión social en las calles revirtió esta compra alertando de la absurda priorización de gasto del gobierno en un momento donde la pandemia representaba física hambre para miles de familias y quebraba cada vez más empresas.
Otro logro no menor de la movilización fue obligar al presidente Duque a aceptar la visita de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), que estuvo en Bogotá escuchando a los líderes del paro y recepcionando miles de denuncias de abusos de la fuerza pública. Temblores, una de las organizaciones que más registró estos abusos reportó entre el 28 de abril y el 12 de mayo del 2021, a nivel nacional, al menos 2.110 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública (sin contar las desapariciones). Al contrario de las movilizaciones que fueron masivas y mayoritariamente pacíficas, la policía y el ESMAD, violaron sistemáticamente la ley al hacer un uso desproporcionado de la fuerza.
Duque, por otro lado, se negó a negociar algunos puntos del pliego de emergencia del comité nacional de paro, tales como la renta básica a 7 millones de colombianos que muchos tecnócratas señalaron como inviable pero que no le hace justicia ni a las cifras de colombianos en la pobreza (21 millones), o en la pobreza extrema (7.4 millones) o que ya no pueden comer tres veces al día (2,4 millones de hogares); lograr acuerdos para ejecutar acciones que garantizaran la vigencia de derechos de la mujer y la prevención de violencias basadas en género (en particular durante la pandemia donde aumentaron exponencialmente las denuncias); la defensa de la producción nacional; el acondicionamiento de los colegios públicos para el retorno a clases con garantías, entre otros.
Este paro es una oportunidad más para recordar que la lucha y la defensa de los derechos es en las calles con movilización masiva y pacífica, pero también es votando y candidatizándose. No podemos excluir escenarios de lucha electoral porque de no disputar esos puestos de representación, los partidos tradicionales tienen vía libre para ejecutar la agenda neoliberal y recortar cada día más derechos. Concretar los cambios que la movilización reclama en las calles requiere de trabajo y organización, cuando nos organizamos los políticos tradicionales tiemblan.
Por: Daniela Álvarez Gallo. Miembro de La Universidad más Pública y expresidente del Consejo Estudiantil Uniandino
*** Esta columna hace parte de la sección de Opinión y no representa necesariamente el sentir ni el pensar de El Uniandino.