Enfrentando posibles pérdidas de miles de millones de pesos, la universidad busca recortes presupuestales que impactan a profesores y administrativos. Después de tres iteraciones del presupuesto en el Consejo Académico, las facultades no saben con qué recursos cuentan para el 2021, pero sí saben que serán restringidos.
El 26 de noviembre del 2020 se reunió el Consejo Académico para discutir, entre otras cosas, el presupuesto de la universidad para el 2021. Y no fue una discusión fácil: “De no hacerse ajustes inmediatos, el año fiscal 2020 cerrará con pérdidas netas de varios miles de millones de pesos, cosa que no ocurría desde 1998”, dijo el vicerrector de Servicios y Sostenibilidad Eduardo Behrentz en su presentación, explicando que el proceso de presupuesto estaba fallando en su propósito de proteger la estabilidad financiera.
Desde 2020-1 ya se preveía una situación difícil en términos de dinero, como contamos en este reportaje. Y según consta en el acta de la reunión, frente a la coyuntura de la pandemia, la propuesta presupuestal que se tenía el 26 de noviembre “generaría una pérdida operacional inédita para la Universidad (sic), así como una pérdida neta que haría imposible financiar las inversiones del próximo año”.
“persistía un vacío operacional de 57 mil millones de pesos, y una pérdida neta de 17 mil millones. No es poca cosa: la pérdida neta para el 2020 fue de 3 mil millones, casi seis veces menor”
Behrentz indicó la necesidad de reajustar los presupuestos de todas las unidades académicas y administrativas, pero recortar presupuestos no es tan fácil. “No somos una facultad con exceso de recursos, ya teníamos un presupuesto austero con lo básico para funcionar”, le dijo a este periódico Mauricio Nieto, decano de la facultad de Ciencias Sociales. “Hicimos esfuerzos enormes para llegar a las metas [de presupuesto] y no lo logramos del todo, porque ya afectaba recursos del funcionamiento de la facultad”. Algo similar sucedió en el departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, que superó por 600 millones el límite del presupuesto: “no hay forma de reducir los gastos operacionales sin afectar las actividades misionales”, consta en un acta de noviembre del Consejo de ese departamento.
El Consejo Académico, que desde el inicio de la pandemia incrementó la frecuencia de sus reuniones, volvió a reunirse el 10 de diciembre con una nueva iteración del presupuesto para el 2021. Aunque se había logrado reducir el déficit, los ajustes aún resultaban insuficientes: persistía un vacío operacional de 57 mil millones de pesos, y una pérdida neta de 17 mil millones. No es poca cosa: la pérdida neta para el 2020 fue de 3 mil millones, casi seis veces menor, a pesar de que las medidas de reducción de gastos se mantuvieron para ambos años.
Behrentz, entonces, expresó la necesidad de una tercera y última iteración del presupuesto antes de someterlo a revisión y aprobación del Comité Directivo, donde tendrían que reducirlo, al menos, por 20 mil millones de pesos. Con la diferencia de que esta vez las modificaciones no serían realizadas por cada unidad, sino directamente por la dirección financiera según las instrucciones de la rectoría.
Los recortes no dejaron de generar inquietudes en el Consejo. En la siguiente reunión, el 23 de diciembre, la decana Patricia Zalamea habló sobre las dificultades de hacer recortes en Artes y Humanidades: “Fueron más de 100 millones en necesidades para estudiantes [...] en [mi] Facultad (sic) no hay bonificaciones de dónde recortar, de manera que [tuvimos] que quitar 100 millones de pesos que estaban destinados a suplir necesidades durante la virtualidad”, constata el acta.
Nieto, por su parte, sostiene que el presupuesto no compromete la calidad de la educación, pues los recortes no afectan el currículo ni las ofertas que son directamente para los estudiantes. Sin embargo, señala que la situación prende alarmas: “Ya se empieza a sentir que no es un tema en el papel, sino que puede tener consecuencias en nuestra capacidad de hacer las cosas como las veníamos haciendo [...] ahora nos toca pensar en cómo hacerlas más eficientes o en hacer menos cosas”.
Tanto en la reunión del 26 de noviembre como en la del 10 de diciembre se destacó que más del 70% de los gastos operativos corresponden a los costos de la nómina, es decir, los empleados de la universidad -tanto administrativos como académicos-. Por lo tanto, los ajustes del presupuesto tendrían que recaer fuertemente en ellos.
Los recortes más grandes y sus consecuencias
“el ajuste por IPC no se aplicará para el 2021. En la práctica, esto significa que los profesores experimentan una baja en su salario pues ni siquiera se ajusta por inflación”
Aunque el rector Alejandro Gaviria anunció en abril del año pasado que los profesores de planta pasarían a tener contrato a término indefinido, lo que mejora su estabilidad laboral pues antes podían ser despedidos sin indemnización al final de cada año, los ajustes en el presupuesto han impactado cada vez más a la planta profesoral.
Uno de los profesores con los que hablamos, que pidió no ser mencionado, nos dijo inclusive que el cambio en el contrato debió realizarse hace mucho tiempo, y que no mitigaba las consecuencias de los ajustes que se estaban haciendo. Por su parte, Laura Grandas, estudiante miembro del Consejo Superior, opina que “los recortes no son ideales para nadie, pero pasar a tener un contrato a término indefinido deja a los profesores en una posición más tranquila”.
El saliente director del departamento de Ingeniería Biomédica, Juan Manuel Cordovez, nos dijo: “Hay una preocupación por que la situación mejore, hay muchos profesores que están en la categoría de asistentes y estas circunstancias los frenan muchísimo en su avance”. Para él, que los profesores no puedan socializar sus resultados de investigación en conferencias o que no puedan hacer trabajos de campo “es un sacrificio, pero es muy realizable en una situación de crisis”.
Los recortes que verán los profesores son diversos y no todos tienen las mismas consecuencias. El Uniandino revisó las actas del Consejo Académico del 26 de noviembre al 23 de diciembre del 2020 y cotejó su contenido con información de la presentación que el vicerrector Behrentz le hizo a los profesores a final de año para explicarles qué podían esperar en los dos años siguientes. A continuación, un resumen de los cambios más importantes y sus posibles implicaciones:
1. Se congelan los salarios - Por ahora solo en el 2021
Los profesores de planta suelen recibir un incremento salarial principalmente por dos motivos: ajuste por inflación (también conocido como IPC) o promoción en la escala docente, que es el resultado de una evaluación que hace la universidad cada tres años y que sucederá nuevamente en el 2021.
El vicerrector Behrentz anunció que el ajuste por IPC no se aplicará para el 2021. En la práctica, esto significa que los profesores experimentan una baja en su salario pues ni siquiera se ajusta por inflación. Y para los docentes sujetos a promoción en la revisión que viene, la vicerrectora académica, Raquel Bernal, explicó que “serán objeto de incrementos salariales según disponibilidad presupuestal”.
Una profesora de la facultad de ciencias sociales expresó inquietud frente a estas medidas: “estamos preocupados porque nosotros organizamos nuestras vidas teniendo en cuenta estos ajustes”, le dijo a El Uniandino, pero aclaró que confía en la universidad y espera que se estén tomando las medidas necesarias para no prolongar esta decisión por mucho tiempo.
El Uniandino pudo confirmar que las medidas también aplicarán para los profesores de cátedra.
2. Se congela la nómina - Por ahora en el 2021 y el 2022
“El enfoque que ha tomado la universidad ha sido en las clases [...] los profesores debemos estar tan disponibles como se pueda para poder cubrir la oferta de cursos”
“No habrá nuevas contrataciones hasta nueva orden. Esto aplica para todas las áreas y todos los cargos académicos y administrativos e incluye reemplazos de vacantes y reclasificaciones de cargos existentes”, se lee en el acta del Consejo Académico del 26 de noviembre y fue información confirmada en la ronda explicativa de Behrentz.
Esta medida vendrá acompañada de una redistribución en la carga de trabajo de los profesores para intentar hacerla más equitativa entre colegas. Sin embargo, según varios profesores con los que hablamos, la medida inevitablemente aumentará la carga de trabajo y podría incluso repercutir en la calidad de las clases: en algunos programas, donde las matrículas no han disminuido y la planta de profesores es relativamente pequeña, podría haber más estudiantes por cada profesor.
“El enfoque que ha tomado la universidad ha sido en las clases [...] los profesores debemos estar tan disponibles como se pueda para poder cubrir la oferta de cursos” le dijo a El Uniandino Pedro Meneses, profesor del departamento de literatura. Esto se hace sacrificando recursos de investigación: “no hay gastos de representación, ni bonificaciones por investigación, ni apoyo para publicaciones [...] el enfoque son las clases”.
Por su parte, Cordovez afirma que estos recortes presupuestales afectan indirectamente a los estudiantes. Por ejemplo, en su departamento tuvieron que suspender la convocatoria de un profesor para el área de Machine Learning: “eso nos iba permitir ofrecer electivas que ahora no existen, atraer proyectos nuevos, diversificar la oferta de grupos de investigación dentro del departamento. Es [una lástima] no ver esas oportunidades realizarse”.
Un profesor de la facultad de ciencias, que pidió no ser mencionado, nos dijo que confía en que las decisiones se están tomando son necesarias y que el rector Gaviria le inspira confianza así en últimas los profesores se vean afectados.
3. Se mantiene la reducción salarial a directivos institucionales
Para el segundo semestre de 2020 se aplicó una reducción del 20% del salario para el rector, 15% para los vicerrectores y 10% para decanos y directores de unidades académicas y administrativas. Esta se mantendrá durante todo el 2021, y se incluye además un reducción del 5% para quienes ocupan cargos de jefaturas.
Esto es especialmente significativo en el caso de los decanos y directores de departamento, pues estos cargos son usualmente ocupados por profesores e implican una carga de trabajo importante.
4. Adiós bonificaciones, se para la infraestructura y se recorta en investigación
“Los estudiantes se van a ver realmente afectados en el largo plazo cuando se sienta la frenada en los planes de infraestructura”, nos dijo la estudiante en el Consejo Superior Laura Grandas. Y es que Los Andes planea reducir por un tiempo su inversión en planta física, lo que incluye nuevas instalaciones, equipos y hasta infraestructura tecnológica.
Para Grandas, es difícil que a los estudiantes les afecte en gran medida los recortes que está experimentando la planta profesoral. Aunque reconoce que “nos beneficiamos de profesores con una carga balanceada y ahora eso se pone un poco más difícil”.
Los Andes también ha anunciado que reducirá en un 10% los honorarios que reciben los profesores por consultorías o contratos civiles, que durante los dos próximos años no dará bonos de desempeño -que premiaban indicadores como publicar en revistas indexadas en algunas facultades o crear productos nuevos en otras- y que reducirá el presupuesto de investigación. Esta última medida impacta especialmente a departamentos que requieren de equipos o materiales para poder investigar, como algunos en la facultad de Ciencias y en la facultad de Artes y Humanidades.
Crónica de una debacle anunciada: ¿por qué llegamos hasta acá?
“hacer un ajuste mayor en los gastos no fue posible porque implicaría desmejorar la calidad en ciertos aspectos académicos que se ofrecen a los estudiantes”
La preocupación sobre la situación financiera de la universidad no es nueva. Desde el 2014 la brecha entre ingresos operativos -dinero que entra por el día a día- y gastos operativos -lo que cuesta tener a la universidad funcionando- se viene reduciendo, pues mientras los ingresos tendían a la baja, los gastos no dejaban de crecer. En 2016 y 2017 estos puntos se igualaron. Hoy la universidad registra más gastos que ingresos: “por cada 100 pesos de ingreso operativo, la Universidad (sic) gasta 105 pesos”, se lee en el acta del Consejo Académico del 10 de diciembre.
La forma en que Los Andes compensó el déficit operacional fue utilizando dinero del fondo patrimonial o endowment. La mayoría de universidades en el mundo cuentan con este tipo de fondos que invierten en portafolios de bajo riesgo para ahorrar sin que el dinero pierda valor por inflación, y para reinvertir más adelante en los objetivos misionales -es decir, para utilizar en gastos no relacionados con el funcionamiento sino con la expansión-.
Como explicamos en este reportaje, el fondo de Los Andes es de cerca de 300 mil millones y parte de sus rendimientos se usan para compensar el déficit operacional. Sin embargo, esta práctica no es saludable pues ese dinero no está pensado para cubrir costos de la operación sino, nuevamente, para invertir en objetivos misionales.
Los directivos eran conscientes del problema y por eso los esfuerzos en la diversificación estaban aumentando con miras a mejorar la curva de ingresos operacionales progresivamente y salir de la dependencia de los dineros del endowment. Y luego llegó la pandemia.
Lo que pasó fue que el COVID-19 desvalorizó los mercados internacionales, y con ellos se vinieron abajo los rendimientos del endowment uniandino: lo proyectado para el 2020 sufrió una desviación de 18 mil millones de pesos “fundamentalmente por la caída en los rendimientos del fondo patrimonial”, como se lee en el acta del Consejo Académico del 17 de septiembre.
El problema, además, tiene un precedente: Los Andes se acostumbró a depender de los ingresos de las matrículas para crecer. En 2017, con los plantones y peticiones de los estudiantes, el incremento de las matrículas que se tenía previsto según la inflación pasó del IPC + 2% a ser del IPC + 1%. Esto oscureció el panorama financiero pues los ingresos operativos de la universidad dependen por lo menos en un 70% de las matrículas, como nos dijeron esta vez el rector Gaviria y el gerente del campus Maurix Suárez. Sin embargo, según los estados financieros del 2019, esta dependencia sería cercana al 85%.
Al menor incremento de matrículas y la fuerte dependencia en estas para los ingresos se suma una caída en el número de estudiantes, que con la crisis por el COVID-19 completaría la tormenta perfecta.
Por otro lado, aunque la decisión de pasar el contrato de todos los empleados de la universidad a término indefinido protegía a los profesores, también ponía en aprietos a la universidad, pues limitaba los recortes que se podían hacer a la nómina, un monto que representa el 70% de los gastos operativos. Esta decisión generó importantes inquietudes entre los miembros del Consejo Académico, como se evidencia en el acta del 20 de agosto, principalmente porque se otorgaría este beneficio a profesores asistentes, cuando lo usual en la academia es que solo esté disponible para profesores asociados en adelante. Al final solicitaron “revisar las implicaciones jurídicas y financieras de este cambio y mantener el actual statu quo económico, legal y conceptual”. En la siguiente reunión, el rector anunció que el cambio se hizo efectivo: solo los profesores con cargo superior al de asistente tendrán el contrato a término indefinido.
Otro agravante de esta situación serían las últimas inversiones de la universidad en infraestructura. Según Isabella Almonacid, vicepresidente del CEU, “estamos pagando los estragos de haber invertido tanto en infraestructura, como pagar el arriendo en City U o la sede que hay en Cartagena, eso no ha dado el dinero que se esperaba que diera”. El mismo rector Gaviria dijo el 26 de diciembre en el Consejo Académico: “[los gastos] tuvieron especial énfasis en inversión para la infraestructura física y tecnológica del campus”. Y por eso el presupuesto preliminar de inversiones en infraestructura física y tecnológica para 2021 ya ha sido objeto de ajustes a la baja en más de 10 mil millones de pesos, como consta en el acta del 10 de diciembre.
El 10 de diciembre, en el Consejo Académico, algunas facultades afirmaron que “hacer un ajuste mayor en los gastos no fue posible porque implicaría desmejorar la calidad en ciertos aspectos académicos que se ofrecen a los estudiantes”. Con la última modificación, el Comité Directivo aprobó el presupuesto el 15 de diciembre.
Sin embargo, varias fuentes de distintas facultades nos confirmaron que sus presupuestos no han sido aprobados y hasta la fecha de publicación desconocen con qué recursos contarán para el 2021. “Estamos muy preocupados porque de la vicerrectoría administrativa y financiera no han devuelto los presupuestos definitivos [...] estamos ejecutando sobre un presupuesto que, a hoy, no ha sido aprobado” termina diciendo Juan Manuel Cordovez, nuevo vicedecano de investigación de la facultad de Ingeniería.
Por: Alejandro Lozada, Isabella Mejía y Santiago Amaya
