Daniela Mateus es estudiante de Derecho con opción en Administración. Aquí su columna "La incoherencia de las instituciones estatales". Para contestar la columna envíe su propuesta a periodicoeluniandino@gmail.com.
El 31 de octubre, una joven de 17 años, fue abusada sexualmente en la estación del Transmilenio, en Bogotá. La joven relata que al salir de la estación de la Castellana un hombre la amenazó con un cuchillo, le empezó a decir obscenidades y la obligó a realizar sexo oral. Al salir de la estación la joven acudió a sus familiares y al día siguiente, decidió poner la denuncia. Con el fin de conseguir las pruebas necesarias, Hilary se dirigió a la Unidad de Reacción Inmediata -URI- de la carrera 38 para interponer un derecho de petición, que le permitirá acceder a las cámaras de dicha estación. Sin embargo, al llegar allá le dijeron que debía dirigirse a la URI de Ricaurte, pues en esta unidad atendían a menores de edad. En la unidad de Ricaurte, le negaron la posibilidad de interponer un derecho de petición, ya que la persona que abusó de ella era mayor de edad. La misma unidad le sugirió a la joven dirigirse a la Unidad de Reacción Inmediata ubicada en la carrera 38, pues esta era la unidad más pertinente. De igual forma, la URI de Ricaurte señaló que no recibe denuncias después de las 5:00 pm. Ante esta situación se cuestiona, la falta de seguridad en Bogotá y las consecuencias de la ineficacia de las instituciones.
De acuerdo con lo anterior, surgen las siguientes preguntas ¿Dónde está la seguridad de las estaciones del Transmilenio? ¿La ausencia de policía es la causa responsable de que estos delitos sucedan? Si bien es cierto- tal como lo señala ONU Mujeres- que los agentes deben atender las denuncias de agresión sexual y del mismo modo colaborar en ellas, no es posible responsabilizar totalmente a los policías por no estar en el momento en que se cometió el delito.
Es decir, a pesar de que la Policía es un cuerpo armado a cargo de la seguridad pública de la República de Colombia, la culpa de un abuso sexual es de la persona que cometió el delito, no de las personas que no estuvieron presentes cuando ocurrió este. Adicionalmente, es importante resaltar que una mujer debe estar libre de violencias y su integridad no debe depender de la compañía de un policía.
De ninguna manera se está defendiendo la ineficacia de la institución a la hora de solicitar protección. Se hace un llamado de atención a la sociedad, pues fomentar la seguridad puede ser una herramienta para evitar estos abusos, no obstante, no es la solución de fondo. La verdadera solución son los programas de educación sexual, junto a políticas preventivas.
Ahora bien, en lo que respecta a las políticas de prevención y al funcionamiento de las instituciones que se encargan de dichas políticas, se puede afirmar que hay una ineficiencia. Un claro ejemplo de ello es este caso, en el cual se revictimizó a la joven de 17 años. En el momento que la adolescente se dirigió al sistema judicial para acceder a la justicia y a la reparación, no se logró la activación de las rutas de atención y en consecuencia, este le produjo lesiones y daños adicionales.
En este sentido, no solo se minimizó su situación sino también se incumplió con el Protocolo de Investigación de Violencia Sexual de la Fiscalía General de la Nación, el cual señala que se debe: (1) disponer de personal capacitado para la atención diferencial e integral de los casos, (2) garantizar el registro de la información frente a lo ocurrido, preferiblemente en un relato (recogido en el primer o segundo encuentro), (3) contar con un ambiente de confianza que promueva la denuncia y (4) asegurar que los espacios en los que se interactúa con la persona afectada sean adecuados.
En otras palabras, las estructuras estatales al no cumplir con dicho protocolo, victimizan una vez más a la joven, pues en el momento que se ignora a la víctima y se trazan obstáculos en la implementación de los procedimiento de atención, no se respeta la vivencia de la víctima, se re-activan emociones negativas en relación con el delito y se puede llegar a propiciar una repetición de la experiencia de violencia, tal como lo señala doctora Dupret en su artículo “Revictimización de niños y adolescentes tras denuncia de abuso sexual”.
En conclusión, sin duda la revictimización inmediata y la más visible, es la falta de sensibilidad, empatía e ignorancia de los y las funcionarias de las instituciones a la hora de recibir denuncias. De ahí que sea fundamental una reforma a la hora de denunciar un abuso sexual, pues este proceso debe ser inmediato y si es posible con ayuda de una autoridad como la policía, que tiene la responsabilidad de colaborar con la denuncias y conoce el proceso de estas. Esto con el fin, de que no se vuelva, una vez más, ha evidenciar la ausencia de una articulación y de la organización entre las entidades del sistema de justicia penal, que en este caso fue ineficaz y en consecuencia, se negó el acceso a la justicia.
Por: Daniela Mateus, Estudiante de Derecho, con opción en Administración. Me encanta contribuir con el debate público, especialmente en temas de sociología, cultura y política.
***Esta columna hace parte de la sección de Opinión y no representa necesariamente el sentir ni el pensar de El Uniandino.