top of page
  • El Uniandino

Hambre en Los Andes

Actualizado: 6 dic 2022

“¿A qué hora voy a tener más hambre hoy?” se pregunta Cristina* -a quien se le ha asignado un nombre diferente para proteger su intimidad- a la hora de definir si va a desayunar, a almorzar, o a cenar. No le alcanza el dinero para las tres opciones y opta por comprar galletas o dulces para “engañar el hambre”. Cristina es estudiante de quinto semestre de Ciencia Política en Los Andes, está becada por el programa “Quiero Estudiar” y recibe un auxilio mensual de $340,000 pesos del Fondo de Programas Especiales (FOPRE) que usa para pagar una habitación cerca al campus, pues antes debía montar en bus por más de tres horas para llegar a su casa.


El semestre pasado Cristina tuvo acceso a un beneficio de alimentación para almorzar todos los días en la Cafetería Central, pero no supo si era posible renovarlo. Sin trabajo ni más ingresos que el FOPRE, tanto el cansancio como las afectaciones a la salud producto del hambre son un problema central para la estudiante. “Uno es consciente de que no está comiendo bien, pero uno también sabe que no tiene más opción”, comenta.


De allí que su situación para el próximo semestre siga siendo incierta, pues cree que la universidad no puede ayudarla más, “solo sé que tengo el FOPRE, lo que no sé es si va a subir proporcionalmente a la matrícula” que para 2023 aumentó en un 12,2% con respecto al año anterior estableciéndose en $21,870,000 para todos los programas, salvo Medicina.


Cristina, así como otros estudiantes en su misma situación, son los más afectados por esta coyuntura. Según Duván Martinez, representante estudiantil y estudiante miembro del Consejo Superior hasta noviembre de 2022, el incremento de costos en los restaurantes y la difícil situación económica de cientos de estudiantes, han obligado a la universidad a prender las alarmas. Sin embargo, la información es aún ambigua y no es clara la magnitud de la crisis alimentaria en Los Andes. Por su parte, el Consejo Estudiantil Uniandino (CEU) y otros órganos estudiantiles independientes buscan soluciones e iniciativas autofinanciadas que les permita diagnosticar y atender la crisis.




El caldo de cultivo para la inseguridad alimentaria


La primera iniciativa para apoyar económicamente a estudiantes fue el Fondo de Programas Especiales (FOPRE), órgano creado en 2007 que gestiona recursos para entregar subsidios de transporte, materiales y alimentación a estudiantes que lo requirieran. Sin embargo, según Martínez, no fue hasta 2018 que la Decanatura de Estudiantes (DECA) empezó a gestionar bonos de alimentación redimibles en la Cafetería Central de la universidad para que aquellos con necesidades económicas pudieran acceder a alimentación gratuita. En esa época también se empezó a impulsar, tanto en la cafetería como en otros restaurantes dentro de la Universidad, la opción del “Menú Séneca”, una propuesta de menú alternativo y más asequible para los estudiantes.


A pesar de los esfuerzos, la sobreviniente subida de precios y el regreso a la presencialidad ad portas de una crisis económica, pusieron de presente el creciente número de estudiantes que no contaban con los recursos diarios para financiar su alimentación.


Los estudiantes volvieron a la presencialidad en medio de alzas de precios en la alimentación. Para este reportaje, se consultaron los menús de diez restaurantes dentro y alrededor del campus: el precio de un almuerzo completo rondaba entre los $15,000 a los $35,000 pesos, representando un gasto de entre $330,000 a $770,000 pesos al mes -considerando que el estudiante almuerce en la universidad de lunes a viernes-, sin contar transporte, otros alimentos y obligaciones académicas.



La olla a presión de la respuesta institucional


Una problemática que parecía de pequeña escala y que había sido atendida caso a caso por la Universidad se transformó en un problema estructural.


Daniel García, presidente del CEU para el 2022 y quien ha conocido de cerca el diagnóstico institucional, afirma que las circunstancias obligaron a la Rectoría a realizar un trabajo de investigación para determinar el estado de la seguridad alimentaria entre los estudiantes de pregrado. El estudio calculaba los ingresos promedio de las familias. De allí se definió que, dependiendo del acceso a apoyo financiero, cada estudiante necesitaría entre dos y cinco millones de pesos al semestre para cubrir su sostenimiento incluyendo hospedaje, alimentación y transporte. Desde este criterio se identificó que más o menos dos mil estudiantes de pregrado no cuentan con la capacidad económica para sostenerse.


Si bien los resultados del estudio son reservados, al menos cuatro fuentes del CEU, entidad a la que se le extendió la investigación, confirman esta cifra, es decir, más o menos el 14% de los estudiantes de pregrado en Los Andes. Entre este grupo, la mayoría son estudiantes becados, tanto de programas del gobierno como de becas internas.

El estudio también logró arrojar resultados en términos financieros. De acuerdo con el presidente del CEU, un funcionario de Rectoría -en una de las reuniones periódicas entre las directivas de ambos organismos- comentó que a la universidad le hacen falta alrededor de cinco mil millones de pesos para apoyar el sostenimiento de estudiantes que actualmente no puedan costearlo.


Por su parte, Juliana Puentes, estudiante miembro del Consejo Superior, resalta que la Rectoría no ha compartido con exactitud cuántos son los estudiantes que actualmente pasan por condiciones de vulnerabilidad económica en la universidad. Para la estudiante, la publicación de esta información es responsabilidad de la institución.


De hecho, Puentes recalca que cuando se socializó esta situación en el Consejo Superior, la mayoría de sus integrantes manifestaron su preocupación frente a la situación de vulnerabilidad estudiantil. “Cuando la universidad nos vendió en ese Consejo los puntos adicionales que iban a agregar [a la matrícula] [...] [los miembros del Consejo] votaron a favor para que la universidad atienda el problema”, comentó la representante.


De acuerdo con Puentes, pese a que los miembros del Consejo Superior han manifestado su preocupación, no se ha definido un curso claro para atender la situación. “Yo espero más apoyo del Consejo [...], me gustaría que tomaran un curso de acciones”, concluye la estudiante.

El Uniandino, por su parte, intentó contactar más de diez veces a diferentes funcionarios del área de Dirección Financiera, Gerencia del Campus y Decanatura de Estudiantes, pero hasta la fecha no se obtuvo ninguna respuesta concreta. Se les solicitó entrevistas por correo electrónico, teléfono, Microsoft Teams e incluso yendo presencialmente a algunas de sus oficinas, pero el proceso para obtener una entrevista fue dilatado y, posteriormente, ignorado. Por tal motivo, no fue posible conocer exactamente cuáles son las medidas que ha tomado la Universidad de los Andes para atender esta crisis alimentaria ni corroborar con precisión las cifras que se han presentado.



¿Soluciones?


Una estudiante de primer semestre de Ingeniería Química, cuyo nombre pidió mantener reservado, comentó a la salida de la Cafetería Central, que recibe su almuerzo gratuitamente por órden de la Decanatura de Estudiantes tras un diagnóstico individual de su situación. “Pasaba más de dos horas todas las noches buscando cómo llevar almuerzo al otro día”, afirma que le entusiasma poder ahorrar tiempo y dinero, pero que las opciones son muy limitadas.


Janeth Borbón, asistente de producción de Dialimentos, compañía que cubre la operación de la Cafetería Central, cuenta que cada vez hay más estudiantes almorzando en la cafetería, equiparando el movimiento incluso al de antes de la pandemia. “Alrededor de 80 a 100 estudiantes vienen a almorzar financiados por la Universidad todos los días”, anota. La Cafetería Central ofrece los precios más asequibles, un almuerzo del día cuesta $11,700 pesos y $13,700 pesos para aquellos estudiantes con dieta vegetariana. No obstante, ha tenido un aumento del 10% en comparación con el 2021 con miras a futuros incrementos el próximo año.


Pero, en realidad, el casi centenar de estudiantes que son apoyados con bonos de alimentación de la cafetería son pocos. Más aún, cuando se tiene en cuenta que alrededor de dos mil estudiantes tienen dificultades para alimentarse a diario en el campus. Así, sin claridad sobre la respuesta estructural y con poca certeza sobre la magnitud de la crisis, los esfuerzos por apoyar a estos estudiantes no atienden a toda la población que lo requiere. “No todos los restaurantes de la Universidad cuentan con Menú Séneca. Y los que sí, por otro lado, están dando porciones casi indignas”, afirma Martínez.

El Menú Séneca, según su finalidad, debería proporcionar a los estudiantes acceso a un menú “económico, variado y diverso”. Sin embargo, al investigar la disponibilidad del Menú Séneca, El Uniandino encontró que, de 20 restaurantes consultados dentro del campus, solo ocho cuentan con esta alternativa. El desconocimiento sobre este apoyo es tal, que varios restaurantes consultados ni siquiera tenían conocimiento de la existencia de este menú. En los establecimientos que cuentan con esta alternativa, los precios oscilan entre los $11,900 y los $16,500 pesos, con dos excepciones: en la Cafetería Central y en el restaurante Reggio, donde cuesta $7,600 pesos. A simple vista se puede observar que, en todos los restaurantes consultados, las porciones del Menú Séneca son reducidas en comparación con las opciones de mayor precio.


Un perro caliente y una Coca Cola por $14,350 pesos en Dogger ubicado en el segundo piso de la Cafetería Central. Créditos: Diego Alejandro Quintero Mogollón.


Parte de la respuesta se ha dado por iniciativa estudiantil. Manuel Santos, representante estudiantil de la Facultad de Arquitectura y Diseño durante 2022, comenta que la situación entre los estudiantes de estos programas es especialmente difícil: “Por un lado los estudiantes tienen que gastar mucho en las maquetas y proyectos, por otro lado, muchas veces tienen que trasnochar y no hay tiempo ni plata para comer”. Por esta razón, el Consejo Interno de Estudiantes (CEAD) financió con recursos propios 150 arepas a mediados de semestre para repartir entre los estudiantes. Esta campaña, según el representante, sirvió más como diagnóstico que como solución estructural.


Cuando los miembros del CEAD se acercaron a Facultad de Arquitectura y Diseño para comentarles sobre la situación, no recibieron la respuesta que esperaban: “no nos prestaron atención, nos dijeron que les pasáramos cifras válidas”, comparte Santos. Es decir, se les exigió a los estudiantes información que ha permanecido reservada.


Por otro lado, en el Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales, también se adelantaron iniciativas estudiantiles. Mateo Bermudez, representante estudiantil del departamento durante 2022, comenta que en ambas carreras hay entre 40 y 50 personas que actualmente necesitan de un apoyo que les permita asistir a clases con normalidad. Por esta razón, se diseñó un fondo interno financiado por rifas y venta de buzos para apoyar a aquellos estudiantes que han pasado por situaciones económicas complicadas. No obstante, en medio de un esfuerzo grande y coordinado, Bermúdez considera preocupante “que se esté romantizando que las y los estudiantes estén haciendo algo por ellos cuando debería ser la Universidad quien debería cubrir estos problemas [...] con una matrícula tan costosa”.


Las acciones para atender la crisis de seguridad alimentaria en la universidad parecen descentralizadas. Se suma el hermetismo institucional como agravante, pues no es posible determinar cuáles son las acciones y proyecciones para garantizar la seguridad alimentaria entre estudiantes, especialmente entre aquellos que por su situación financiera son los más vulnerables. “La Universidad no puede ver como un trofeo a los estudiantes becados si no va estar pendiente de que estén en condiciones dignas”, concluye Martínez.




 

Por: Susana Echavarría Medina y Diego Alejandro Quintero Mogollón


Comments


bottom of page