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Hablemos del agua, recuperemos la vida.

Camilo Andrés Durán es Abogado y estudiante de la Maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo. Aquí su columna "Hablemos del agua, recuperemos la vida". Para contestar la columna envíe su propuesta a periodicoeluniandino@gmail.com.



Al menos desde principios del siglo XX, la inequitativa distribución de la tierra ha sido un factor determinante para el estallido de distintos conflictos sociales en Colombia, como ha documentado de manera detallada, entre otras, Catherine Legrand. La imposibilidad de consolidar un proceso serio de reforma agraria en este país ha dado lugar a grandes fenómenos de violencia que aún no cesan, en la profundización de la desigualdad económica y en procesos migratorios del campo a la ciudad que hoy ponen en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria del país. Los bajos resultados de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, sumado a los incumplimientos del Acuerdo de Paz, el recrudecimiento de los ciclos de violencia y el hambre que padecen millones de colombianos y colombianas, nos recuerdan que la reforma agraria debe ser nuevamente parte central de la agenda política nacional.


A este importante debate sobre la distribución de la tierra quiero sumar otro que quizás no ha suscitado el mismo interés en la arena política: la distribución del agua. No es un debate nuevo, por supuesto, desde hace al menos 50 años se viene hablando del tema desde algunos sectores de la academia y movimientos sociales. Orlando Fals Borda, por ejemplo, ha documentado la importancia del agua para el campesinado que vive en las zonas de aluvión en el norte del país y movimientos sociales, como el que encabeza Narcilo Rosero en Buenaventura, han luchado por una distribución justa del agua al menos desde la década del 70 del siglo pasado. Lo que busco entonces es darle fuerza al debate del agua, que se reconozca tan importante como el que gira alrededor de la tierra. Traigo tres casos que dan muestra de su vigencia y que espero que despierten interés en todas aquellas personas que lean esta columna.


El agua, al igual que la tierra, ha estado vinculada a conflictos sociales por cuenta de su distribución. La tierra la han despojado y la han acumulado en pocas manos. El agua la han secuestrado, desviado y acumulado. Me refiero a continuación a cada uno de estos fenómenos, todos vigentes.


Comencemos por el secuestro. Buenaventura es uno de los lugares más lluviosos del planeta, y en sus costas se construyó el que ha sido históricamente el puerto de comercio exterior más importante del país. ¿Cómo es posible entonces que un lugar tan rico, tanto en términos económicos como naturales, no cuente con un sistema de acueducto que garantice el acceso al agua de forma continua a la población que allí habita? El agua no llega porque al agua la secuestraron. Los procesos de mercantilización y privatización han llevado a que el agua sólo fluya hacia aquellos lugares donde se puede generar lucro. Al mismo tiempo, la lógica de economía de enclave con la que se ha manejado a Buenaventura desde afuera y la privatización del Colpuertos, han empobrecido a la población bonaverense a tal punto que no pueden pagar por el agua que les pertenece. Así, la mayor inversión en infraestructura ha estado encaminada a secuestrar el agua, es decir, a modificar su presión y flujo por medio válvulas que impiden que el agua llegue por gravedad a los hogares del casco urbano de Buenaventura.


Mientras en el Pacífico secuestran el agua, en la depresión momposina la desvían y exterminan la vida. En abril de 2019 se publicó el libro El Exterminio de la Isla de Papayal: etnografías sobre el estado y la construcción de paz en Colombia. Quiero plasmar aquí una reflexión que me deja la lectura de este libro de Juan Felipe García. Esta etnografía, situada en la depresión momposina, da cuenta de cómo se han desviado los flujos de agua para favorecer la economía ganadera que veía en las inundaciones, propias de esta región, un problema para desarrollar su actividad. El impacto que tiene para la población campesina la desviación del agua no solo es económico, sino que trasciende incluso a la destrucción de la forma de entender la vida en el territorio. Para los campesinos que tradicionalmente habitaban este espacio, el flujo del agua funcionaba como un sistema nervioso, que interconectado permitía la vida armónica de quiénes allí coexistían. El desvío del agua cortó esa interconexión, exterminando la vida tal y como se conocía.


Cerca de allí, en la subregión de los Montes de María, los “Acuatenientes” han acumulado el agua a punta de despojo. El Distrito de Riego de María la Baja es controlado por grandes asociaciones de cultivadores de palma, quienes han priorizado el flujo de agua hacia sus cultivos, despojando al resto de la población del recurso al que por años habían accedido. Los campesinos que poco a poco han logrado retornar a su territorio, por medio de procesos de restitución de tierras, no cuentan ahora con el agua para desarrollar sus proyectos de vida.


La reforma agraria, entendida como un proceso de redistribución de la tierra, es la forma en como se ha pensado resistir a los fenómenos de despojo y acumulación de la tierra. Frente al agua necesitamos también una gran reforma que nos permita redistribuir de manera más justa este elemento esencial para la vida. Pero antes es fundamental que se reconozca su importancia y parte de ello pasa por reconocer los conflictos sociales a los que esta ha estado asociada.


Cierro con tres grandes enseñanzas que me dejan las luchas por el agua que han llevado detrás de escena distintas organizaciones sociales: (i) es imperante que se reconozca el agua como un derecho de todos y todas, para ello es fundamental la intervención del estado con esquemas de subsidios cruzados, de forma tal que pueda erosionar la concepción rentista que ha guiado la política del agua, (ii) evitar conflictos alrededor del agua pasa por reconocer las distintas formas de experimentar el agua y la relación que esta tiene con las formas de vida sobre su territorio, y (iii) es necesario reconocer la autonomía que tienen las poblaciones para decidir sobre el flujo del agua de los territorios que habitan y dotar de participación democrática los escenarios de decisión en donde confluyen actores diversos con intereses contrapuestos. Quizás así podamos lograr interconexiones alrededor del agua que nos permitan coexistir en armonía.




 

Por: Camilo Andrés Durán. Abogado y estudiante de la Maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo.


***Esta columna hace parte de la sección de Opinión y no representa necesariamente el sentir ni el pensar de El Uniandino.