Ayer en horas de la tarde el Consejo Estudiantil Uniandino (CEU) publicó en sus redes sociales una denuncia en la que insinuaba que la Decanatura de Estudiantes de la Universidad de los Andes ocultaba información sobre el estado de salud mental de sus estudiantes. La publicación rápidamente se hizo viral y puso en el centro de la discusión la gestión de Los Andes para mitigar este tipo de problemas.
El Uniandino le siguió los pasos al meollo y encontró que la Decanatura se ha resistido a compartir los datos de una encuesta que realizó sobre salud mental hace algo más de un año, inclusive a pesar de que el rector, Alejandro Gaviria, lo habría autorizado desde mediados de agosto del 2020.
Abajo la historia completa.
El tema tiene raíces profundas
En el 2017, cuando todavía se encontraba en la rectoría Pablo Navas, el incremento anual de la matrícula provocó un profundo malestar. Lo que en un primer momento fueron plantones frente a la rectoría y asambleas generales, pronto se convirtió en un pliego de peticiones para los administrativos con los temas que tenían más importancia para los estudiantes. Entre ellos estaba, por supuesto, la salud mental.
Durante los dos semestres del 2018, los pliegos de peticiones se convirtieron en una mesa de negociación con Los Andes cuyo resultado fue un documento que firmó el rector Navas hacia finales de ese año. Su firma, que muchos publicitaron como una victoria de los estudiantes, inclusive quedó registrada en una columna de opinión publicada en noviembre del 2018 por este periódico.
Como resultado de ese acuerdo, y de la posterior mesa de seguimiento que se creó para hacerle veeduría a su cumplimiento, la universidad se comprometió a crear un comité de salud mental, donde expertos, administrativos y estudiantes debían abordar esta problemática y se harían diagnósticos y proyectos para solucionarla.
Antes de la creación de dicho comité, en una suerte de preámbulo, la Decanatura de Estudiantes, en cabeza de María Consuelo Burgos, fue la encargada de realizar una encuesta masiva con el propósito de hacer una radiografía de la comunidad en términos de salud mental. Y son sus resultados, o más bien la falta de ellos, lo que justamente dio origen a la denuncia hecha ayer por el CEU según le contaron varias fuentes a El Uniandino.
La gota que colmó la copa
El comité de salud mental que se creó después de la encuesta de la Decanatura de Estudiantes originalmente solo contaba con representación estudiantil en la cabeza de Valentina Ibarra, actual presidente del CEU. Según nos confirmó una fuente cercana que no quiso ser mencionada, fue la misma presidente la que le pidió al nuevo rector, Alejandro Gaviria, que incluyera también a María Alejandra Gutiérrez y Laura Grandas, quienes fueron recientemente elegidas como estudiantes en el Consejo Superior.
Una de las condiciones para pertenecer a este comité consiste en firmar un acuerdo de confidencialidad para asegurar que lo que ahí se discuta no se haga público. Por esta razón, tanto Ibarra, como Gutiérrez y Grandas, se negaron a dar detalles sobre lo sucedido. Pero el acuerdo de confidencialidad es también piedra angular en la polémica que reventó ayer porque esta vez fue la mesa de seguimiento -que se creó en el 2018- la que le pidió a la Decanatura información sobre su encuesta.
"Se realiza la solicitud puntual de entregar y publicar el informe de la encuesta de salud mental del año pasado, segregado de datos personales"
Lo que pasó fue que la mesa de seguimiento programó una reunión para hoy a las nueve de la mañana, en la que solicitó la presencia de la Decanatura para hacerle veeduría a su gestión de cara al acuerdo firmado en el 2018. Los temas eran variados e incluían salud mental. En concreto, la mesa le hacía nueve cuestionamientos a esta instancia de Los Andes. El Uniandino tuvo acceso a esta información, que reproducimos de forma literal a continuación:
¿Cuántos estudiantes están atendiendo semanalmente en DECA? ¿Qué tipo de citas son?
¿Cuántos estudiantes se están atendiendo semanalmente por servicios de salud mental que ofrece la Universidad?
¿Cómo ha sido la asistencia a las citas con DECA y otros servicios de salud mental (casa Espinoza)?
¿Tienen un promedio de citas por usuario?
¿Qué tanto han funcionado las citas por chat o videollamada?
¿Cuál es el % de estudiantes que luego de solicitar ayuda en DECA se determina que requiere un tratamiento profesional?
¿Cuántas personas han utilizado el seguro de la U para hospitalización por temas de salud mental?
¿Qué ha sucedido con el caso ONU Andes y cuáles fueron las medidas tomadas? ¿Cómo se maneja desde DECA el tema de denuncias por acoso en los círculos de participación de naciones unidas?
Se realiza la solicitud puntual de entregar y publicar el informe de la encuesta de salud mental del año pasado, segregado de datos personales.
"el equipo de la DECA y yo personalmente (como se lo comenté al Vicerrector), se siente incómodo y quizás sorprendido, por este tipo de reunión con Uds"
Según nos dijo María José Muñoz, integrante de la mesa de seguimiento, “hace una semana [...] les enviamos las preguntas. Era importante que estuvieran ahí porque estábamos exigiendo respuestas para hacer un paneo de la salud mental de los y las estudiantes”.
La Decanatura, por su parte, respondió ayer a la una de la tarde, en un correo enviado por la decana Burgos con copia a varios directivos, que le sorprendía la citación pues la mayoría de las preguntas, según el correo de respuesta, se han abordado en el comité de salud mental. Y agregó: “el equipo de la DECA y yo personalmente (como se lo comenté al Vicerrector), se siente incómodo y quizás sorprendido, por este tipo de reunión con Uds. (sic) [...] y con equipos de esta instancia de la Universidad, con los cuales nos parece que no debemos compartir información que incluso es confidencial por protección de nuestros estudiantes”.
El problema, según nos confirmaron tres fuentes cercanas al proceso que pidieron no ser mencionadas, es que el argumento de la decana Burgos, según el cual la información que pide la mesa de seguimiento ya se ha trabajado en el comité de salud mental, no responde a los requerimientos de la citación por un problema fundamental: lo que se dice en el comité de salud mental es confidencial. Esto se explica en la respuesta que los estudiantes le dieron a la decana, en donde se lee: “Es una solicitud que también viene de que el informe de esa encuesta no está publicado en un lugar de libre acceso [...] por nuestras obligaciones de confidencialidad [...] no tenemos la facultad de publicarlas (sic)”.
La respuesta termina con la siguiente posdata: “Pd. ¿Asistirán a la reunión de mañana? Debemos cuadrar la agenda con nuestros compañeros”. Lo que sucedió después fue la gota que colmó la copa del CEU: la Decanatura, sin mayor explicación, rechazó la reunión a la que la habían citado virtualmente. Fue ahí que llegó la publicación del Consejo Estudiantil Uniandino.
Para Muñoz, la Decanatura de Estudiantes desistió de la reunión porque se plantearon preguntas cuyas respuestas podrían hablar mal sobre su gestión: “no encontramos otra explicación, las respuestas que se dieron fueron muy vagas. Más aún cuando cancelan la reunión un día antes, cuando tuvieron una semana [...] tampoco iban con ánimo conciliador [...] nos mandaron un correo, se les explicó la razón en otro correo y lo ignoraron”.
Esta versión la confirma su compañero de la mesa, Santiago Velasco, que nos dijo: “Tienen cierto miedo de que uno trabaje una información que dé resultados desfavorables para ellos en términos de salud mental”. Y agregó: “Lo que se vio ayer en twitter fue tremendo: una cantidad de testimonios que aludían a que el servicio tiene graves problemas. Creo que brindar estos datos para Decanatura no es favorable porque corrobora la evidencia cualitativa y los testimonios que andan rondando por ahí”.
Por su parte, Juan Manuel Navarro, también estudiante miembro de la mesa de seguimiento, nos dijo que “[es] una negativa que deja muchas preguntas: Si los estudiantes no pueden hacer revisión sobre eso, ¿quién puede? ¿Qué razón hay para negar el acceso a estos datos? Somos conscientes de que deben ser tratados con delicadeza y criterio, pero esta misma delicadeza la exigen otros temas que tratamos en la mesa de seguimiento, y a estos no se nos ha negado la posibilidad de acceder a datos y discutirlos, ¿por qué ahora sí?”.
El Uniandino contactó ayer en la noche a la decana Burgos y a la Coordinadora del CADE, María Rengifo Fonnegra, para conocer su versión de los hechos. Lastimosamente, hasta el momento de esta publicación no hemos recibido respuesta.
"en agosto de este año fue la rectoría quien autorizó a los estudiantes miembros del comité de salud mental -Ibarra, Gutiérrez y Grandas- para que accedieran a los microdatos de la encuesta de Decanatura [...] y aún así la respuesta de la decana Burgos fue negativa"
Lo cierto es que el rechazo de la reunión levantó ampolla porque la Decanatura se ha resistido a compartir los resultados de su encuesta desde hace un tiempo argumentando razones que han cambiado con los meses, según nos dijeron cuatro fuentes de forma independiente que además tienen cómo saberlo. Tan es así, que en agosto de este año fue la rectoría quien autorizó a los estudiantes miembros del comité de salud mental -Ibarra, Gutiérrez y Grandas- para que accedieran a los microdatos de la encuesta de Decanatura bajo ciertas condiciones -que las respuestas se compartieran anonimizadas, por ejemplo- y aún así la respuesta de la decana Burgos fue negativa por razones que no podemos publicar.
Para Navarro, no permitir acceso a esta información es grave: “Me preocupa que los estudiantes no podamos hacer una veeduría de cómo se está cuidando nuestra salud mental, más en una pandemia, con la carga académica aumentando y todos confinados”, le dijo a El Uniandino.
La respuesta de Decanatura
El Uniandino supo que ayer, después del revuelo en redes sociales, la Decanatura le envió un correo a los citantes en el que lamentaba lo que había sucedido y hacía hincapié en la importancia de trabajar conjuntamente para llegar a soluciones que mejoren la salud mental de la comunidad. En el correo, también, se proponía una reunión para empezar una serie de conversaciones.
Para Muñoz, de la mesa de seguimiento, la conclusión de este episodio es que “la universidad necesita urgentemente que sean públicos este tipo de datos. En la universidad se sacan informes de un montón de cosas, pero en la democratización del acceso se le quita importancia al ojo del estudiante y eso me parece gravísimo”.
Por lo pronto, habrá que esperar a los meses siguientes para ver cómo evoluciona la relación con la Decanatura de Estudiantes después de la denuncia de ayer. La pregunta decisiva será si compartirán los datos de su encuesta, algo en que coinciden todas las fuentes con las que hablamos. Algunas, inclusive, creen que después del episodio los van a publicar, pero no pudimos corroborar esa versión. Navarro termina diciendo: “Lo que sigue es dar la discusión, acceder a los datos y empezar a pensar soluciones del que debe ser el principal problema a dedicarnos, ojalá universidad y estudiantes de manera conjunta: la salud mental”.
Por: Alejandro Lozada y Santiago Amaya