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Deuda externa por servicios ambientales ¿Justicia ambiental o negocio?
Daniela Álvarez Gallo es Miembro de La Universidad más Pública y expresidente del Consejo Estudiantil Uniandino. Aquí su columna "Deuda externa por servicios ambientales ¿Justicia ambiental o negocio?". Para contestar la columna envíe su propuesta a periodicoeluniandino@gmail.com.
En su discurso de posesión, el presidente Gustavo Petro realizó de nuevo la propuesta de intercambiar deuda externa por servicios ambientales. No es el primero en proponerlo, es un paradigma que viene desde la ecología política y que otros países del sur global han exigido en diferentes cumbres, en el marco de la acción contra el cambio climático. Este es un problema atravesado por la geopolítica y la historia económica del mundo, que no se soluciona sin que las grandes potencias, quienes no casualmente son también los mayores emisores de gases de efecto invernadero, hagan los mayores aportes y lleguen a compromisos claros de disminución de emisiones. Sin Estados Unidos y China en la mesa no hay forma de frenar la crisis climática.
En ese sentido, ¿por qué el énfasis de compensación a los países subdesarrollados? Si bien la tierra a lo largo de su vida ha experimentado múltiples cambios climáticos extremos, la crisis climática es un fenómeno antrópico, catalizado por la revolución industrial y sus protagonistas; cuyas emisiones de gases de efecto invernadero desestabilizan los procesos atmosféricos generando reacciones climáticas extremas en cadena. Estos fenómenos amplificados o generados por la crisis climática tienen efectos mucho más catastróficos en los países subdesarrollados. Porque el riesgo no solo tiene que ver con la exposición a ciertos fenómenos sino con el nivel de vulnerabilidad de las comunidades que habitan esas zonas. Menos inversión en infraestructura, instituciones menos sólidas, pobreza, predominancia de economías informales, son todas condiciones que profundizan los desastres climáticos y son también las principales características de los países subdesarrollados.
En resumen, mientras las grandes potencias emiten enormes cantidades de gases de efecto invernadero y generan enormes márgenes de ganancias para financiar su política social al adaptar su infraestructura y comunidades al cambio climático, los países subdesarrollados deben gastar sus precarios márgenes de ganancia para pagar los pasivos que dejan los desastres; o, en el peor de los casos, asumir más deuda pública para atender los desastres. Esto, al tiempo que deben cumplir con el pago de la deuda externa.
La deuda externa de Colombia alcanzó $176.098 millones de dólares a julio de 2022 (50,7% del PIB). En los años 20 los mayores deudores de EE.UU. estaban en América del Sur. El incremento de deuda más significativo del país ocurrió entre 1925 y 1927; pues, la mayoría de los bonos adquiridos fueron de Estados Unidos e iban para proyectos de explotación de hidrocarburos o para financiar infraestructura que permitiera sacar la materia prima del país.
Los países desarrollados, los organismos multilaterales a su servicio –como el Fondo Monetario Internacional–, desarrollaron planes de ajuste fiscal estructural para disminuir el gasto público y aumentar el recaudo tributario en los países deudores. En búsqueda de proteger sus inversiones en los otros países y de asegurar sus ganancias futuras. El resultado fue la desindustrialización de países subdesarrollados como Colombia y la transformación de servicios asociados a derechos básicos como la salud o la educación en fortines de renta para el capital financiero internacional a través de la privatización. Situación que ha aumentado la vulnerabilidad social en todas estas economías y las ha vuelto más susceptibles a desastres climáticos: sequías, inundaciones, tormentas tropicales, entre otras.
¿Cómo funciona el pago por servicios ambientales? Hay una distribución mundial de ecosistemas especializados en secuestrar dióxido de carbono, su conservación es estratégica por el “servicio” que prestan a la humanidad, por el contrario, su destrucción aporta nuevas y enormes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Estos pagos financian acciones/políticas que frenen la destrucción de estos ecosistemas y establezcan planes para su conservación; y sus principales compradores son enormes industrias que necesitan, por políticas internas de sus países, equilibrar la huella de carbono que producen en su funcionamiento. Como ya lo han dicho múltiples expertos, esta propuesta es imposible sin: coordinación regional de todos los países del bioma amazónico, voluntad política de los países que cuentan con la mayor cantidad de acreedores privados prestadores y aclarar cuál va a ser la contraprestación “no monetaria” a las deudas.
Y, aunque es un avance que hablemos de intercambiar deuda externa por servicios ambientales, sin ningún análisis de economía política, la contraprestación de la deuda externa me genera dudas: ¿se cambiará la deuda por acciones en proyectos de granjas solares o turbinas eólicas en los países deudores? ¿Estará sometido ese dinero que deje de desembolsarse en deuda a invertirse en industrias de transición energética ubicadas en los países prestadores? Dudas válidas por el histórico proceder de los países prestadores y dueños de la deuda, que podrían, cómo han hecho en el pasado, someternos a reglas injustas e imponernos condiciones que coartan nuestra soberanía y nos dejan en desventaja.
¿Será posible financiar la adaptación al cambio climático y disminución de la vulnerabilidad social con ese dinero que deje de desembolsarse al pago de la deuda? Pues hay una clara necesidad de los países subdesarrollados de priorizar retos en vulnerabilidad social y adaptación al cambio climático antes de transformar la totalidad de su matriz energética para hacerla limpia.
¿Se cambiará la deuda por bonos de carbono en la amazonía? ¿Comprometerá nuestra soberanía sobre la selva? ¿Afectará los modos de vida de las comunidades indígenas que habitan la selva amazónica? ¿Contará con su consulta y aprobación? Los conflictos generados por los bonos de carbono en las comunidades indígenas pobladoras y dueñas mayoritarias de la tierra en la que se encuentra el bioma amazónico no son pocos (léase Indígenas negocian bonos de carbono en desventaja y sin respaldo estatal).
El intercambio de deuda externa por servicios ambientales es un tema que se puede abordar con toda la soberanía y justicia climática, pero también con todo el servilismo e imperialismo. Sobre todo ante una era que todo lo convierte en bienes mercantiles es importante ser escépticos y promover una discusión amplia sobre la relación de nuestro país con el Amazonas y cómo contribuir en su cuidado para el beneficio de Colombia y todo el planeta.
Por: Daniela Álvarez Gallo, Miembro de La Universidad más Pública y expresidente del Consejo Estudiantil Uniandino.
*** Esta columna hace parte de la sección de Opinión y no representa necesariamente el sentir ni el pensar de El Uniandino.