Luis Eduardo Arango, investigador del Banco de la República y profesor de la Universidad de los Andes; Diego Alejandro Guevara, profesor de macroeconomía de la Universidad Nacional y asesor de centrales de trabajadores durante la negociación y Luis Carlos Reyes, profesor de la Universidad Javeriana y director de su observatorio fiscal, hablaron con El Uniandino sobre la figura del salario mínimo y otros factores que impactan las dinámicas laborales del país.
Como todos los años desde 1996, el pasado diciembre se reunieron las centrales de trabajadores, los gremios de empresarios y el Gobierno con el objetivo de discutir el aumento en el salario mínimo para el 2020. Al no llegar a un acuerdo el gobierno decidió, por decreto, un aumento del 6% que representa un alza de 49.686 pesos. La modificación al salario mínimo suscitó el usual debate entre aquellos que consideran que es para cubrir los gastos básicos y los convencidos de que los costos de contratación de un empleado son elevados para una empresa. El debate, fundamentalmente, atraviesa otros temas relevantes en el escenario colombiano como la tasa de informalidad, el incremento del desempleo y el costo de vida. Justamente para arrojar un poco de luz a este tema, El Uniandino entrevistó a varios académicos expertos en el estudio del mercado laboral y el salario mínimo para discutir sus repercusiones y desafíos.
En cuanto a las negociaciones, Luis Eduardo Arango, investigador del Banco de la República, explica que por cuenta de la Constitución de 1991 y posterior desarrollo legislativo, en el aumento del salario mínimo se deben considerar, entre otras variables, la inflación y la productividad del año que recién transcurrió para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores compensando el alza de los precios. Así, cuenta Diego Alejandro Guevara, profesor de macroeconomía de la Universidad Nacional y asesor de centrales de trabajadores durante la negociación, para calcular estos factores se realizan debates técnicos previos. No obstante, en el 2019 se calculó usando una nueva metodología en la cual el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), y no el Departamento Nacional de Planeación (DNP) como era habitual, calculó la productividad de todos los factores de producción, obteniendo así disminuciones en la totalidad de ellos.
Al respecto, Luis Carlos Reyes, profesor de la Universidad Javeriana y director de su observatorio fiscal, considera que “debatir el aumento correcto en el salario mínimo no es relevante en un país en el cual la mitad de los trabajadores están en la informalidad”. En particular, sobre las negociaciones afirma que “unos sindicatos que representan realmente a una pequeña parte de los trabajadores – los que ganan un salario mínimo – se sientan a debatir con unos empresarios que por la misma naturaleza de la concentración del capital representan a una ínfima población de los colombianos, y hablan con un presidente que suele tomar decisiones de conveniencia política con base en sus niveles de popularidad”.
Adentrándonos más en los problemas de desempleo e informalidad, Arango nos cuenta que, basado en estudios realizados por él y otros autores, existe evidencia clara de los efectos adversos del salario mínimo en el desempleo y la informalidad del país, incluso sobre la relación entre el aumento del salario mínimo y la destrucción de empleos de baja calificación y de jóvenes en la industria manufacturera. En particular, la respuesta de la demanda laboral de la industria a cambios en el salario mínimo está entre -0,62 y -0,72, lo cual debe ser tenido en cuenta al momento de realizar aumentos del mismo. En este marco conceptual, el desempleo y la alta informalidad en el país se verías explicadas -al menos en parte- por la baja productividad de la mayoría de trabajadores y que contrasta en los altos costos en la contratación formal de los mismos – lo que incluye el salario mínimo –.
"Los sectores que jalonan a la economía colombiana son el financiero y el minero-energético, y son sectores que no son intensivos en empleo sino en capital"
En contraste, Guevara argumenta que “la principal causa de la informalidad no es el salario mínimo elevado, sino más bien la estructura productiva del país pues no es cierto que si se elimina el salario mínimo se acabaría el desempleo y la informalidad”. Y agrega que el trabajo no puede verse como cualquier otra mercancía, pues es un bien que no se puede reproducir y esto hace que si el salario mínimo es muy bajo las personas puedan preferir dedicarse a otras actividades diferentes a trabajar. Asegura que hay una cuestión más relevante: ¿hasta qué punto es aceptable un aumento en el mínimo sin afectar de manera sustancial el desempleo y la informalidad?
A modo de solución de la informalidad y el poder adquisitivo, Arango afirma que debe darse una discusión seria acerca de la productividad laboral y los mecanismos para aumentarla. “Mientras vamos aumentando la productividad de todos, habría que levantar el pie del acelerador del salario mínimo, porque si seguimos aumentándolo la manera que lo hemos hecho en los últimos 15 o 20 años el problema [de la informalidad] no se va a solucionar [...] hay que pensar en términos de la productividad laboral que debe ser el referente de cualquier salario”. El prof. Arango afirma que, si bien es complejo sobrevivir con un salario mínimo, la educación financiera es fundamental inducir a los jóvenes a invertir en capital humano y aumentar la productividad. Para este tipo de soluciones se requiere “la participación activa de todos los entes del orden nacional, regional y local, desde universidades, autoridades estatales, gremios de producción y el SENA que para mí debería ser el eje del aumento en la productividad de los trabajadores”.
Por su parte, el director del observatorio fiscal de la Javeriana asegura que “lo cierto es que incluso con este mínimo los ingresos de una familia trabajadora están por debajo del nivel de dignidad y están incluso por debajo de los ingresos que, como país, con una distribución del ingreso más equitativa, podríamos permitirle a esa familia trabajadora”. Para Reyes, la educación también es un eje fundamental en el fortalecimiento de la productividad laboral: “un ejercicio que hicimos en el observatorio fue revisar el gasto promedio por estudiante en educación en los países de la OCDE en términos de poder adquisitivo”, su cálculo arroja que para Colombia tendríamos que aumentar el gasto en educación en más de 80 billones de pesos para acercarnos a ese promedio. Él afirma se podría recaudar si se subieran los impuestos al promedio de la OCDE. Lo anterior, con la finalidad de que los trabajadores tengan acceso a salarios mayores con una productividad mayor. Bajo esta perspectiva, el profesor Reyes, explica que las negociaciones de las asociaciones estudiantiles en el contexto del Paro Nacional son insuficientes cuando las necesidades en términos de gasto para educación rondan los 80 billones de pesos.
Por otra parte, para profesor Guevara combatir la informalidad pasa por tener unas políticas orientadas a fomentar el empleo en sectores que sean intensivos en mano de obra: “Los sectores que jalonan a la economía colombiana son el financiero y el minero-energético, y son sectores que no son intensivos en empleo sino en capital […] no le podemos dar toda la responsabilidad de la productividad de los trabajadores, esta depende de los elementos con que trabajan y a qué sectores se dedican. Podríamos pensar en todas las políticas de educación, pero si no tenemos un sistema productivo que capture a esas personas calificadas no serán muy efectivas”. Para él, la política industrial debería facilitar mecanismos de inversión e impuestos convenientes para grandes y pequeños empresarios, diversificando los productos a producir. Además, para crear, es una mejor alternativa que implementar sistemas subsidio para las familias de más bajos ingresos pues con estos programas se pone en riesgo la sostenibilidad fiscal del país en el largo plazo. No obstante, eliminarlos representaría unos costos políticos elevado: “Al final si su empresa no es capaz de pagar unos salarios por encima de la productividad es porque no es eficiente y no está usando su capacidad total […] si no puede pagar el salario mínimo como está establecido debería replantearse el modelo de negocio”.
Por otro lado, el profesor Arango explica que “hemos puesto sobre los hombros del salario mínimo una parte de la política social. Este diseño, ha tenido como objetivo darles un mayor ingreso a los trabajadores de menor experiencia, educación y habilidades, pero los resultados han sido una mayor informalidad, con la mitad de los trabajadores ganando cerca del 75% del salario mínimo. Nos estamos equivocando porque es claro que el mercado laboral en Colombia, bajo esta óptica política, no funciona bien”. Para Arango, se tienen que desarrollar políticas muy bien focalizadas que suplan lo que hoy tratan de realizar mediante un salario mínimo alto.
"Si usted baja el salario mínimo en un 10% para Quibdó no va a mejorar el desempleo porque no están las condiciones necesarias en infraestructura y de formación en capital humano"
Otra medida importante, distinta al salario mínimo, sería la reducción de impuestos asociados a la contratación formal como las primas, los bonos o las cajas de compensación. Respecto a este tema, Luis Carlos Reyes explica que existe evidencia clara que sustenta la relación entre “bajarles a los empleadores el costo de contratar [y] una reducción en la informalidad, un aumento en el empleo y un aumento en los salarios”. Guevara, por la misma línea, considera que “es mejor tener un aumento decente del salario a compensar con auxilios y bonos”. Arango, por su parte, asegura que “sobre todo en mi trabajo sobre el salario mínimo regional, pudimos establecer claramente que los incrementos en algunos costos laborales distintos del salario generan más informalidad y eventualmente más desempleo […] todo lo que apunte a reducciones en algunos costos laborales es beneficiosos para la generación de empleo”. Acá debemos ser muy específicos sobre el tipo de costos a los que nos estamos refiriendo y ampliar el análisis de los efectos su reducción para tener en cuenta otros elementos de equilibrio general”.
Para finalizar otra alternativa para reformar el mercado laboral y solventar problemas de desempleo e informalidad es la regionalización, sectorización o diferenciación por grupos poblacionales (como la edad) del salario mínimo. En países como Suecia se han realizado esquemas donde se discute y se fijan unos salarios de referencia respectivamente dependiendo de cada industria. En Estados Unidos existe un salario mínimo a nivel federal y cada estado puede aumentar a discreción. Con respecto a este tema, Reyes comenta que sería muy útil algo por ese estilo para combatir fallas del mercado laboral en escenarios donde existan muy pocos empleadores que pueden bajar los salarios, incluso a niveles menores según su productividad.
Arango asegura que existen en el país ciudades como Cúcuta con una tasa de informalidad cercana a 70% y, para este tipo de casos, tal vez, sería más adecuado tener un salario mínimo diferente de forma que se pueda promover el empleo formal. La idea también sería que estas ciudades mejoraran la productividad de sus trabajadores, de la mano de toda la institucionalidad disponible. Afirma también que la evidencia favorece un salario mínimo diferenciado por regiones más que por grupos poblacionales, como jóvenes o adultos mayores, aunque se deben discutir todas las opciones. Guevara también descarta la diferenciación de salario por edad “porque si le va a pagar a un joven el 75% de un salario mínimo en su primer empleo de técnico y tecnólogo a lo mejor preferirá realizar otras actividades como manejar Uber o este tipo de alternativas informales”. Guevara también considera la propuesta del salario mínimo regional, pero a diferencia de Arango comenta que, si bien en algunas regiones los salarios puedan aumentar acorde a su productividad, en otras puedan disminuir drásticamente: “no creo que el desempleo en el Chocó tenga que ver con que el salario mínimo es muy alto, es porque las vías de acceso son limitadas y la infraestructura es pobre. Si usted baja el salario mínimo en un 10% para Quibdó no va a mejorar el desempleo porque no están las condiciones necesarias en infraestructura y de formación en capital humano”.
Aclaración: Las opiniones de Luis Eduardo Arango no representan al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
Por: Esteban Rodríguez
Fotomontaje: El Uniandino
Fotografías: Sebastián Sotelo