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Del privilegio al desalojo: la historia de Los Cerezos

Maria Alejandra Munar es estudiante de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes. Aquí su columna "Del privilegio al desalojo: la historia de Los Cerezos". Para contestar la columna envíe su propuesta a periodicoeluniandino@gmail.com.


En las entrañas de la universidad del privilegio, se esconden a través de sus esquinas y paredes historias de conflicto y precariedad. Esta es la historia de Los Cerezos, una comunidad cercana en kilómetros, pero aislada de la realidad. Anónimamente, me han relatado la historia del territorio, su permanencia y detrimento.


Los Cerezos, es una vereda ubicada en los cerros orientales del barrio Santa Fe, se encuentra a 685,2 metros, a menos de 5 minutos de la universidad. En esta habitan 13 familias y aproximadamente 30 personas. Por más de 35 años la comunidad ha estado asentada allí, pues en 1976 ocuparon el lugar. Algunos testigos afirman haber nacido y crecido en este espacio, que, con lazos de amor y cuidado, han hecho del territorio un hogar.



Observando algunas noticias sobre el asunto me tope con esta frase: “las casas sin gente y la gente sin casa”. Y es que es difícil realizar comparaciones que a pocos les interesa y observar una realidad diferenciada de lo que es la universidad y su entorno. No obstante, con profunda desolación podría decir que la comunidad universitaria no presta atención a los problemas que se viven a la vuelta de la esquina. ¿Será asimetría de información? ¿O es que la frase común de que Uniandes está de cara a Monserrate y de espaldas al país es cierta?

El desalojo inició desde 1991 y se ha realizado en repetidas ocasiones, una de ellas fue en plena pandemia. En enero del 2021, ocurrió un episodio inaudito: mientras la Alcaldía de Bogotá decretó​ cuarentena obligatoria, la comunidad de Los Cerezos estaba siendo desalojada. ¿Cómo es posible que bajo la coyuntura nacional este tipo de actos se presenten? ¿Estará por encima del bienestar humano la tenencia de tierras? Algunos de los argumentos que otorga el distrito para el desalojo es que estas viviendas se ubican en terreno que tiene alto riesgo de remoción en masa, pero entonces ¿cómo es posible que la comunidad haya permanecido por más de 30 años habitando la vereda? Hay muchas incongruencias al respecto.


Ahora bien, el dilema es que el Acueducto de Alcantarillado de Bogotá compró los terrenos desconociendo que estaban habitados. De acuerdo a la institución, el territorio hace parte de las zonas de protección ambiental de los Cerros Orientales y, presuntamente, será utilizado para hacer un sendero ecológico, pero la información existente acerca de esto es precaria. Aunque Los Cerezos ha sido hogar de familias, se reconoce el desalojo. No obstante, los habitantes claman por una vivienda digna y garantías para dejar el territorio, o incluso, trabajando como vigilantes o guardacostas de la reserva forestal.

Y, ¿qué nos dice la ley al respecto? ¿Cómo operan las políticas de tierras? Según el Art. 1 de la ley 2044 de 2020:


Sanear de manera definitiva la propiedad de los asentamientos humanos ilegales consolidados y precarios en bienes baldíos urbanos, bienes fiscales titulables, y los que existan en predios de propiedad legítima a favor de particulares, cuya ocupación o posesión, sea mayor de diez (10 años) y cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley (Congreso de Colombia, 2020).


De la misma forma, de acuerdo a la secretaría de Hábitat –institución encargada gestionar políticas de territorio con el fin de facilitar una vivienda digna–, la mayoría de las familias pueden acceder al beneficio de Arriendo Solidario, el cual otorga 250.000 pesos mensuales hasta por tres meses. Pero ¿cómo vivir con este monto por un mes? Definitivamente no es suficiente y no se acoplan los gastos de las personas, esto no garantiza una vida digna y mucho menos brinda las mínimas condiciones de existencia. Pues las familias se sostienen bajo trabajo informal, viven del día a día, así que esta opción no es sustentable. Cabe resaltar que el conocimiento sigue siendo mínimo y posiblemente tendríamos mayor claridad sobre el asunto si más personas contribuyeran a la comunidad, si existiera algún grado de interés en ayudarles a conservar su territorio o, por lo menos, a reclamar aquellas garantías inexistentes.


Quizás sea un llamado para aquellos estudiantes que con profunda sensatez estudian para ayudar al país, pero no se dan cuenta de la encrucijada que está a la vuelta de una esquina. Tantas manos se necesitan para la defensa de territorios, pero la comunidad uniandina no se asoma. Algo claro que hay que tener en cuenta es que el poder de agencia que posee la universidad y sus miembros es detonante y mueve masas. Así que ¿por qué no usarlo?, si todos hacemos parte de la misma montaña.


 

Por: Maria Alejandra Munar, estudiante de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes. Feminista y conversadora.


***Esta columna hace parte de la sección de Opinión y no representa necesariamente el sentir ni el pensar de El Uniandino.