Isabella Celis Campos es artista y activista en la discusión sobre la crisis socio-ambiental y el desarrollo sostenible. Aquí su columna "Defender el mañana: la amenaza más letal en Colombia". Para contestar la columna envía tu propuesta a periodicoeluniandino@gmail.com
“No nos dejan respirar. Nos asesinan todos los días”. Francia Márquez.
Entre el 8 y el 10 de enero fue asesinado Gonzalo Cardona miembro de Proaves y ambientalista que ejercía su labor en la primera línea de defensa: monitoreando el hábitat del loro orejiamarillo en la reserva en Roncesvalles, Tolima e impartiendo talleres educativos sobre el medio ambiente con las comunidades del sector. Días después Francisco Vera, líder ambiental de 11 años y fundador de Guardianes por la vida recibió una amenaza de muerte a través de Twitter por su activismo ambiental y social ¡Un niño de 11 años amenazado por defender y exigir los derechos que el estado nos debe garantizar!
Al respecto, Global Witness – ONG británica que le sigue el paso a la labor de los líderes y defensores ambientales en 22 países – concluye que Colombia es uno de los tres países más peligrosos, junto a Brasil y Filipinas, para ejercer liderazgo y defensa ambiental y que el 2019 fue el año más atroz contra estas personas. En su informe anual Defender el mañana reportó que en ese año fueron asesinados 64 líderes ambientales en el territorio nacional, la cifra más alta nunca antes registrada en ningún país, representando el 30% de los asesinatos contra ambientalistas documentados a nivel mundial en ese año.
Y es que esta matanza ha venido aumentando dramáticamente desde el 2015. Para ese año 26 defensores fueron asesinados, en el 2016 fueron 37, en el 2017 y en el 2018 fueron asesinados 24 personas cada año y en el 2019 la cifra aumentó más del 150%. Aunque el informe del 2020 todavía no ha salido, la avalancha de masacres, asesinatos y amenazas contra líderes sociales fue el diario vivir: el 2020 fue el año más asfixiante para los líderes socio-ambientales. Aunque todavía se escucha a los indolentes divulgar su normalización de los crímenes, debemos eliminar la abulia, esa águila que todos los días nos come el hígado. Debemos destramar la situación y hacerla visible de una manera efectiva para, así, llegar a entenderla.
El informe, que investiga íntegramente el contexto de cada asesinato, es contundente en sus conclusiones para el territorio colombiano: los líderes ambientales son asesinados, perseguidos y atacados, tanto letal como no letalmente, por oponerse al uso de la tierra para actividades perjudiciales para las comunidades y el medio ambiente. Son defensores que se las juegan para no ceder al control territorial y a la tenencia de tierras por parte, no solo de grupos armados, sino de empresas con visiones rotundamente extractivistas. De las 64 muertes, 45 fueron consecuencia de esto. Sin embargo, como en el caso de Gonzalo Cardona, solo basta trabajar para conservar la biodiversidad para ser fusilado, no es siquiera necesario tener un rol activista o ejercer un liderazgo manifiesto.
Pues detrás del problema hay complejas situaciones que involucran a distintos actores. Por ejemplo, La oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos es enfática al decir que uno de los factores responsables es la lenta e inadecuada implementación del Acuerdo de Paz del 2016 en el actual gobierno, sobre todo en lo que respecta a la reforma agraria integral y a la sustitución de cultivos ilegales que ha dejado a los productores de coca – a los que se les ofrecieron subvenciones para cultivos alternativos – sin pago y a unas 100.000 familias en riesgo, según el informe. Estas personas que participan y apoyan el programa son amenazadas, asesinadas y sufren de ataques por parte de organizaciones criminales y paramilitares que, por intereses propios, no les conviene la restitución. La situación se acrecenta con la erradicación forzada, pues según ACLED (Armed Conflict Location and Event Data Project) durante el 2020 el 50% de los ataques en contra de grupos vulnerables, en los que se conoce el autor, fueron cometidos por las fuerzas armadas estatales vinculadas directamente a operaciones de erradicación. Sobre esto, Amnistía Internacional se ha manifestado reiteradamente diciendo que esta decisión solo genera violaciones de derechos humanos siendo una sentencia de muerte en el actual contexto del COVID-19.
Peor aún son las declaraciones del Gobierno Nacional que no se despegan de la convicción errónea de que el narcotráfico es el principal problema, y que su única solución está en asperjar glifosato a toda costa. Aunque alrededor del narcotráfico se tejen redes para silenciar a los líderes, no son los cultivos de coca por los que matan a los líderes, además, basta revisar las cifras oficiales para corroborar que esta correlación es falaz y su solución poco efectiva: la resiembra alcanza hasta el 70%, según los datos de Colombia 2020, la campaña pedagógica y periodística de El Espectador en alianza con la Unión Europea. En contraste, la UNODC registra el 95% de cumplimiento en la erradicación voluntaria y un 0,4% de resiembra con el programa PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución), una de las estrategias con mayor efectividad, sobre todo a largo plazo.
A la complejísima situación se añade el interés por la explotación de los recursos naturales por parte de compañías del sector minero, hidrocarburos, eléctrico y agropecuario (incluida la ganadería) que no se ocupan por la debida diligencia de sus proyectos. Once asesinatos en el 2019 estuvieron relacionados con nueve proyectos de compañías de Canadá, Estados Unidos y bancas multilaterales, donde el defensor se opuso al proyecto, según el reporte. Aunque el informe aclara que las empresas no están detrás de los asesinatos, sí resalta que su debida diligencia y su RSE (Responsabilidad social empresarial) fue un fracaso. Si las empresas tienen probabilidad de provocar conflictos, no deben insistir en desarrollar proyectos en estos escenarios teniendo la responsabilidad de abordar todos los impactos adversos.
Lo peor de todo es el grado de impunidad de los casos: se estima que el 89% de los casos no termina en una condena. La impunidad es alimentada por la escasa voluntad política, por la corrupción con intereses económicos y por las campañas de criminalización y difamación contra activistas por parte de civiles, figuras gubernamentales y medios locales. Como apunta Global Witness: “la impunidad está impulsada por un gobierno que intenta clasificar estos asesinatos como crímenes localizados, en lugar de considerarlos como parte de un intento de varios actores de continuar reprimiendo el cambio social”.
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Por: Isabella Celis Campos. Artista. Activista en la discusión sobre la crisis socio-ambiental y el desarrollo sostenible
*** Esta columna hace parte de la sección de Opinión y no representa necesariamente el sentir ni el pensar de El Uniandino.