En septiembre del 2018 se reunieron en la Universidad de la Amazonía estudiantes de universidades públicas y de algunas privadas del país. En el evento se discutieron los resultados de un informe publicado en junio de ese año por el Sistema Universitario Estatal (SUE) que reunía cifras del sistema público universitario que preocuparon a muchos sectores. Además, se discutió la transición al recién elegido Gobierno Duque, el futuro de Ser Pilo Paga que en ese entonces seguía vigente y se acordó una ‘hora cero’, en donde todas las universidades públicas y algunas de las instituciones de educación técnica y tecnológica acordaron entrar en paro nacional e indefinido hasta que se diera trámite a sus reclamos. La fecha escogida fue el 10 de octubre del 2018 y desde ese momento, hasta ahora, el movimiento estudiantil ha estado en una puja con el Gobierno nacional que conoció todas las instancias: mesas de negociación, movilizaciones nacionales y un gran despliegue mediático. Justamente a este respecto, El Uniandino le siguió los pasos a este proceso de más de un año para entender qué se negoció, por qué y cuál es su futuro.
El paro y sus motivos
El SUE, que tiene sus bases en la Ley 30 de 1992, está constituido por todas las universidades públicas del país. Desde el 2009 conformó una comisión de vicerrectores administrativos y financieros para, según sus bases, “cuantificar el impacto del sistema de financiación de la educación superior pública y cómo las leyes, decretos y políticas repercuten en [su] sostenibilidad”. Entre lo último que publicaron se encuentran los insumos que llevaron a los estudiantes, en primera instancia, a la calle. Estos resultados tienen diferentes formas, como que la participación relativa del gasto público en la financiación del sistema universitario ha bajado del 56% al 37% en 14 años o que en la historia reciente ha habido una tendencia por aumentar los recursos del ICETEX que en un 89%, según datos del mismo informe, van a parar a universidades privadas. Sin embargo, tal vez los dos números más famosos en esta discusión sean el déficit de 1.4 billones en funcionamiento y los 13 billones en inversión que tienen las universidades públicas del país.
En breve, la distinción entre funcionamiento e inversión se puede pensar en términos de compromisos futuros. Mientras los aportes al presupuesto de funcionamiento no se pueden disminuir una vez aprobados, los de inversión varían según la realidad fiscal de cada año. El sentido detrás de esto es simple: el presupuesto de funcionamiento es lo que utiliza la universidad para poder llevar a cabo su día a día pagando salarios, manteniendo su infraestructura y pagando servicios públicos, mientras que la inversión corresponde a recursos para proyectos puntuales como un nuevo edificio, una sala de computadores o una suscripción a bases de datos.
Jennifer Pedraza, miembro de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES) y una de las cabezas más visibles del movimiento estudiantil, le dijo a este periódico que fueron justamente esas dos brechas el eje central del pliego en el cual se basó el paro: “ningún problema clave de las universidades públicas se puede resolver sin presupuesto. Uno puede tener muy buenas intenciones [...] pero si no tiene presupuesto para implementarlas es imposible”. Según Pedraza, las universidades han llegado a un punto tan crítico que si no reciben recursos con urgencia se van a colapsar. Esta idea parece confirmarse en las declaraciones de la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, quien en octubre del 2018 dijo que la UNAL no tenía dinero para terminar el año.
Otra es la opinión de José Maximiliano Gómez, quien ha sido el asesor técnico del Ministerio de Educación desde mucho antes de las negociaciones. Según varias fuentes que consultamos, Gómez es una de las voces más influyentes del Ministerio y fue clave durante todo el proceso, una de nuestras fuentes llegó a llamarlo “el ministro detrás de la ministra” y esa idea la confirmaron al menos dos fuentes más de forma independiente. Para él, el elemento central del estudio publicado por el SUE se trata de “los recursos para cerrar la brecha de calidad; es decir, lo que necesitan las universidades para adecuar su infraestructura, formar docentes con doctorado, regularlos como docentes de planta, etc. Mejor dicho, es la situación ideal”. Y agrega: “los mismos rectores han dicho que esto no es una deuda del Gobierno nacional con las universidades, es una necesidad de recursos que se debe sortear a medida que estén disponibles”.
Por otro lado, el ICETEX y la financiación de Colciencias fueron los otros dos grandes temas trabajados, en medio de una lista amplia. En cuanto al ICETEX, la mesa giró en torno a un debate recurrente en el país desde Ser Pilo Paga: si el Estado debería financiar la oferta, entendida como universidades públicas, o la demanda, en forma de créditos o becas para los estudiantes. Además, se discutió la inclusión de esta entidad en el holding financiero estatal Grupo Bicentenario, que en palabras de Pedraza “es muy grave porque subordinan las entidades a los accionistas, que buscan rentabilidad [...] y la rentabilidad del ICETEX está dada por sus tasas de interés”.
El rol de las privadas
Fue justamente alrededor del ICETEX donde las universidades privadas se empezaron a sumar de forma importante. Según Daniela Gallo, quien participó en las mesas de negociación como representante de universidades privadas y fue la presidente del Consejo Estudiantil Uniandino (CEU), “el aumento del número de beneficiarios del ICETEX acercó los problemas del sistema público con los de las universidades privadas [...], actualmente hay 400 mil personas endeudadas y la mayoría de ellos estudian en una universidad privada”. Para Gallo, otra de las razones que ha cambiado la relación entre públicas y privadas fue Ser Pilo Paga: “ver que no le llega el dinero del almuerzo a tu compañero de clase es algo que casi no se veía antes [...], ese impacto cultural tuvo mucho que ver”.
Tanto Daniela como Jennifer están de acuerdo con que hay intereses de ambas partes en las peticiones, particularmente cuando se habla del ICETEX y de Colciencias, entidades de las cuales se benefician ambos grupos. Y fue sobre Colciencias donde más se hizo evidente la necesidad de soluciones novedosas para encontrar recursos y no hacer propuestas sin soporte técnico. Este punto se convertiría en el Florero de Llorente de las negociaciones, pero de él hablaremos más adelante.
La expresidente del CEU apunta una idea final sobre lo que están ganando las universidades privadas al incluirse en las negociaciones, más allá de su solidaridad con las públicas: “tener una mesa permanente con el Ministerio de Educación para retroalimentar la política educativa es influir directamente sobre nuestro futuro [...] esa es una responsabilidad pero también un privilegio grande”.
La mesa y sus turbulencias
nuestros rectores salieron muy felices, pero la oferta fue de Duque porque [ellos] ni siquiera sabían qué iban a pedir
En noviembre de 2018 empezaron formalmente las negociaciones entre estudiantes y Gobierno. Sin embargo, desde antes el ambiente estaba tenso. El 25 de octubre, 15 días después de iniciar el paro, el viceministro de educación Luis Fernando Pérez se reunió con los estudiantes para tantear el terreno y dar inicio a una negociación. No obstante, un día después, el 26 de octubre, el presidente Duque anunció un acuerdo con una veintena de rectores de universidades públicas. A pesar de que algunos rectores se adhirieron a las marchas, para el movimiento estudiantil esa negociación fue una estrategia para menospreciar su figura. Así lo sostiene Lucy Gabriela Delgado, profesora titular de la Universidad Nacional y delegada por los estudiantes ante la mesa de negociación: “fue un desprecio del presidente por las marchas [...] nuestros rectores salieron muy felices, pero la oferta fue de Duque porque [ellos] ni siquiera sabían qué iban a pedir”.
Por su parte, Maximiliano Gómez, el alto asesor del Ministerio de Educación, nos dijo que los rectores son la máxima autoridad ejecutiva de las universidades: “fueron los primeros en anunciar las dificultades que tenían para cerrar el 2018”. Al preguntarle por qué se reunieron con ellos antes que con los estudiantes a pesar de ser los segundos los que convocaron el paro, Maximiliano responde: “los rectores marcharon y convocaban a las comunidades académicas para hacerle ver al Gobierno nacional, de una manera pacífica y responsable, la necesidad de recursos. Ellos invitaban a que se sumaran”.
Sea lo que fuere, el acuerdo provocó nuevas movilizaciones para pedirle al presidente que negociara con los estudiantes. Y, como los rectores no convocaron el paro, su convenio no logró el regreso a clases. En cambio, según varias fuentes que consultó El Uniandino, ese hecho jugó en contra del mismo Duque porque al sentarse con los estudiantes solo podía mejorar lo que ya había prometido a los rectores.
es normal que se vayan en contra del proceso porque es muy difícil sustentar una guerra cuando el diálogo social funciona
Fue en esas circunstancias que en medios de comunicación se empezó a discutir el carácter político de las negociaciones. El 10 de noviembre del 2018, la Revista Semana publicó un artículo recogiendo las reacciones a un trino que hizo el senador Gustavo Petro a propósito de las marchas que dieron inicio al paro. El trino, publicado el 10 de octubre, adjuntaba una foto de manifestantes en la Plaza de Bolívar y el siguiente texto: “Agradezco este mensaje de apoyo de nuestra juventud colombiana”. Según varias fuentes dentro del movimiento estudiantil que nos contaron el episodio de forma independiente, el senador Petro les sugirió a los estudiantes levantar el paro y hacerlo en otro momento para que tuviera más fuerza. Esas mismas fuentes calificaron la sugerencia de “jugada” pues, según ellos, el senador estaba pensando en su propia agenda y no en la de los estudiantes. El Uniandino se puso en contacto con la oficina de Petro para conocer su versión de los hechos y su jefe de prensa, Andrés Hernández, nos dijo que, al contrario, el senador no quería ser asociado con el paro entonces nunca se comunicó con los líderes estudiantiles para sugerirles eso. Lo cierto es que el paro no se levantó hasta que se firmaron los acuerdos el 14 de diciembre, lo que para la miembro de la ACREES es una muestra de su independencia política.
Pero los roces también vinieron de dentro del movimiento estudiantil. Aunque según las fuentes que consultamos realmente fue un grupo muy reducido el que tuvo dudas sobre el proceso de negociación, lo cierto es que en redes sociales tuvieron más eco quienes acusaron a algunos representantes de “vender” el paro cuando se firmaron los acuerdos. A este respecto Daniela Gallo es tajante: sostiene que ni siquiera los líderes en la mesa podían decidir acabar el paro y su único compromiso fue hacer pedagogía con lo acordado y sugerir el retorno a la normalidad. Aunque también agrega: “sí hay roces dentro [...] siempre será un tema la pregunta por las formas de representación porque hay mucho anarquismo dentro del movimiento estudiantil: gente que sostiene que cada quien debería ser su propia voz y todo debería decidirse en asambleas [...] y es normal que se vayan en contra del proceso porque es muy difícil sustentar una guerra cuando el diálogo social funciona”.
El Florero de Llorente y las denuncias de incumplimiento
aplicando a rajatabla la nota el compromiso era de cero pesos
En el anterior caldo de cultivo se firmaron los acuerdos. Sus dos éxitos más mediáticos, y de los más importantes, fueron el aumento en un 18% a la base presupuestal del sistema público de universidades, que se irá repartiendo a lo largo del cuatrienio en montos de alrededor del 4% cada vez, y la inclusión de hasta 300 mil millones de pesos para Colciencias o el 10% de los saldos presupuestales apropiados no comprometidos. El concepto suena complicado, pero hay que entenderlo porque fue el Florero de Llorente de la mesa y levantó todo tipo de acusaciones de engaño e incumplimiento.
Básicamente, los saldos presupuestales apropiados no comprometidos son los dineros que tienen los Ministerios dentro de su presupuesto que no se ejecutan dentro del periodo de su vigencia; es decir, en plata blanca, es dinero que “sobra”. Los estudiantes revisaron históricamente a cuánto correspondía ese dinero “sobrante” y con base en ello le pidieron al Gobierno un 10% de esos recursos o hasta 300 mil millones de pesos para ayudar en la financiación de Colciencias. La fórmula era novedosa y hasta ahora el promedio de estos saldos siempre ha sido muy superior a los recursos solicitados. El Gobierno aceptó la propuesta, pero incluyó una aclaración: solo sería posible siempre que no afectara el déficit fiscal de la nación. Esto es, siempre que las finanzas de todo el Estado no se vieran en riesgo (que no se pudiera pagar la nómina de los empleados públicos, por ejemplo). El Uniandino le preguntó a Gómez qué tan corriente es incluir ese tipo de aclaraciones, a lo que respondió que se trataba de un tema técnico del Ministerio de Hacienda: “se pierde un poco la historia, realmente se dieron explicaciones en muchas de las mesas de diálogo con técnicos del Ministerio de Hacienda de las más altas calidades”.
Lo que sucedió fue que para el 2019 los saldos presupuestales apropiados no comprometidos superaron la cuota de 300 mil millones de pesos, por lo que los estudiantes esperaban esa cantidad para Colciencias. Sin embargo, la entidad recibió 78.5 mil millones. El Gobierno argumentó que era ese el dinero que no afectaba el déficit fiscal y por lo tanto se cumplía con lo acordado. El movimiento estudiantil, por su parte, se sintió engañado y los acusó de incumplir. La profesora Delgado nos dijo: “El Ministerio de Educación y su delegado sabían lo que estaban haciendo cuando escribieron esa letra pequeña. Es un incumplimiento total”. Maximiliano, por su parte, le explicó a este periódico que aunque los dineros no se ejecutaron, esa ineficiencia ya estaba calculada dentro de las cuentas macroeconómicas: “¿sobraron [recursos]? Sí, pero yo tengo un documento técnico diciendo que lo esperaba [...] aplicando a rajatabla la nota el compromiso era de cero pesos”. Y agrega que de hecho el Gobierno, buscando cumplir los acuerdos, logró aprobar los 78.5 mil millones de pesos para no dejar en cero la transferencia.
E.U: Aunque técnicamente no hubo incumplimiento por la aclaración del déficit, ¿quién determina cuándo unos recursos afectan el régimen fiscal? Porque 300 mil millones de pesos no afectan las cuentas de ningún país del mundo.
J.M.G: Ese es el argumento utilizado, pero la respuesta es que el acuerdo no dice que se vea afectado “un poquito” o “mucho”, simplemente “que no se afecte el equilibrio fiscal del Gobierno nacional”. Yo sé que es polémico, hay muchos enfrentamientos técnicos [...] en cualquier caso la posición del Gobierno es que el acuerdo se ha cumplido y tan es así que se han conseguido recursos adicionales para la ciencia, tecnología e innovación.
El futuro
Y así, a grandes rasgos, hoy se tiene un acuerdo firmado después de meses de movilizaciones. También están las primeras denuncias de incumplimiento (que se extienden a DDHH y otros temas) y las mesas, en su mayoría, han pasado a ser de seguimiento en lugar de negociación. Para los personajes en esta nota, el año que empieza, el segundo de verificación de los acuerdos, es definitivo tanto para el movimiento estudiantil como para el sistema público de educación superior. La profesora Lucy Gabriela, por su parte, sostiene que el movimiento estudiantil tendrá el reto de encontrar mecanismos de protestas diferentes al paro: “yo no estoy de acuerdo con parar las universidades, eso afecta la vida académica y juega en contra del movimiento [...] debemos encontrar otros mecanismos”. Para la cabeza visible de la ACREES, Jennifer Pedraza, el reto está en hacer veeduría a las garantías de protesta: “en el tema de DDHH hemos evidenciado una decisión política de no garantizar el derecho a la protesta pacífica como está concebido en la Constitución”. José Maximiliano Gómez, alto asesor del Ministerio de Educación, es optimista: “el acuerdo se hizo con un equipo que permitía garantizar [su cumplimiento] [...] lo que se podía cumplir en el 2019 se hizo al 100% y los recursos en 2020 están apropiados en el presupuesto [...] el Gobierno nacional cumplirá el acuerdo en los términos consignados”. Y Daniela Gallo, expresidente del CEU y exrepresentante de privadas ante el Gobierno prevé un regreso a las calles: “incluso mi percepción optimista incluye salir a defender ese acuerdo en la calle porque no estamos ni en un Gobierno nuestro ni en uno aliado”.
Por: Alejandro Lozada, con apoyo de Natalia Giraldo en el fact checking
Fotomontaje: El Uniandino