El panorama político de los próximos dos años estará marcado por la crisis económica y la crisis institucional que se viene gestando desde hace varios años. Sin embargo, lo más grave de todo es que nuestra esperanza está en manos de unas instituciones muy desprestigiadas como lo son el Congreso de la República, los partidos políticos y un presidente con poca gobernabilidad.
Lo primero que debemos tener en cuenta es que Colombia ha tenido un problema institucional que periódicamente ha sacudido al país desde los albores de su noble historia, debido a la corrupción, a la guerra y a la violencia política. Estos problemas se han tornado sistemáticos, lo cual ha aumentado cada vez más el descontento y la desconfianza de todo lo que esté asociado con el Estado o con sus instituciones. Esto es realmente preocupante ya que hay una constante infidelidad proveniente del Estado, de las 3 ramas del poder público y de sus instituciones, a los contratos sociales, lo cual supone un riesgo para la democracia. Esta desconfianza no solo está en el sector público. Los privados también se ven envueltos en casos de corrupción y son claves en las obscuras contrataciones y favores ilegales con las entidades públicas. Aunque según la encuesta de opinión de septiembre del Centro Nacional de Consultoría los colombianos tienen una imagen positiva de los empresarios y los gremios, superior al 65%, imagen mejorada probablemente por las donaciones de las empresas a comunidades, probablemente esto cambiará en diciembre con la discusión del salario mínimo. Es relevante también mencionar que en una encuesta de la misma entidad solo el 34% de los encuestados afirmó que “era posible contar con los empresarios en momentos de crisis”.
Por otro lado, la rama Judicial está llena de escándalos de corrupción, investigaciones y sobornos que han ensuciado la institución que supondría una imagen impoluta, lo cual afecta su legitimidad sobre la justicia. No solo por su ineficiencia a la hora de tratar asuntos comunes de la ciudadanía sino también por lo costoso que se torna hacer justicia, o pagar para librarse de ella. Por algo existe el dicho: “la justicia solo para los de ruana”. Sin mencionar que la corrupción está con el juez municipal que se deja comprar, el fiscal anticorrupción extraditado por corrupción o hasta en el hecho de ser el país que acoge un cartel de corrupción en la corte Suprema de Justicia, el Cartel de la Toga, que vendía fallos judiciales, desaparecía y dilataba procesos con la complicidad de magistrados, fiscales y abogados. Según los datos más recientes del Centro Nacional de Consultoría (CNC) los jueces, las altas cortes y la JEP tienen una imagen positiva entre el 44-42%.
Por supuesto, el Congreso de la República no se queda atrás, no solo por vergüenzas históricas como haber tenido a Pablo Escobar como un aforado o invitar a paramilitares como Mancuso a que le hablen de moralidad al país, sino que también vienen presentando fuertes escándalos como la parapolítica, Odebrecht, Aida Merlano, varios exguerrilleros como aforados y lo peor, haberle dado curules a dedo a terroristas, violadores de niños y narcotraficantes como Timochenko e incluso algunos delinquiendo como Santrich. Es por esto que es la rama del poder con peor percepción entre los colombianos. Según el CNC los colombianos tenemos una imagen positiva del 33% del congreso, siendo así la rama del poder más desprestigiada cuando debería ser la más legítima al ser el órgano representativo de la nación.
Por otro lado, la política se ha convertido en un juego sucio, ejemplo de ello es la campaña presidencial de Estados Unidos llena de agresiones, mentiras y pocas propuestas significativas. Por eso no dudo en que el populismo estará más vivo que nunca en los próximos años. Sobre todo por la fuerte crisis económica que enfrentamos como sociedad, debido al covid 19, y que aún no podemos cuantificar o dimensionar. Además, como toda crisis económica los descontentos sociales se despertarán, será más difícil mejorar salarios, la tolerancia a la corrupción disminuirá y lamentablemente estas cosas se mezclarán con la campaña presidencial del 2022 que por personajes siniestros que pretenden llegar a la casa de Nariño, como Gustavo Petro, estará llena de populismo, mentiras, cizaña y discursos antiestatales.
No es extraño que la izquierda de este país, que se ha caracterizado por prometer el fin de la pobreza y la desigualdad con fórmulas mágicas que no existen o no son aplicables sin violar las libertades, la propiedad privada y destruir el aparato productivo, se aprovechen de una tragedia como la que vivimos hoy. La prueba de eso es lo que acaba de ocurrir en Chile donde múltiples inconformidades fueron canalizadas por un sector hacia la constituyente, esperemos que esto no ponga en riesgo su economía o democracia que son tan fáciles de perder y tan difíciles de sostener o recuperar.
Entonces, ¿qué hacemos para devolverle la legitimidad al Estado? Haciendo un resumen atrevido y mezclando definiciones distintas de lo que es el estado y la legitimidad según Weber, Habermas, Russel y Kriele estos dos conceptos están asociados a la dominación, al poder, a la política, a mandar sobre otros y en términos generales a la justificación del poder. Es decir, la legitimidad termina siendo la aceptación, concepto cuantitativo para Russel, por lo que podríamos usar encuestas para medir legitimidad, que como sociedad o asociados del Estado, le damos a las instituciones, personas, gobernantes, leyes, reglas y al Estado mismo para que puedan ejercer su poder sobre nosotros. Es decir, necesitamos recuperar la confianza con políticos coherentes, que cumplan lo prometido, reformen la justicia, inviertan en educación, y acaben con la pobreza extrema. Sin embargo, lo grave es la solución misma pues tenemos un presidente con poca gobernabilidad, ya que, aunque representa la rama del poder con mayor legitimidad y aprobación, 60% según CNC, necesita del congreso para hacer grandes reformas y no tiene la capacidad para convocar a los colombianos a las urnas. Además, muchos de nuestros políticos se verían afectados directamente ante las reformas que necesita el país como la reducción del congreso, la reducción de salarios, una financiación 100% estatal, periodos limitados en el poder, el fin de la mermelada, entre otros.
Los invito a rodear la institucionalidad, la legalidad y a no repetir las prácticas ilegales que hemos normalizado, bajo la premisa de la astucia, que van desde sobornar a un policía o evadir impuestos, hasta escándalos como Odebrecht. Además, jóvenes que pertenecen a partidos políticos a presionar a sus líderes, a exigirles transparencia.
Por: Cristian Londoño. Coordinador del Centro Democrático Uniandes y Presidente del Comité Interpartidista