Maria Alejandra Munar es estudiante de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes. Aquí su columna "Aborto SÍ: A 8 meses de la despenalización". Para contestar la columna envíe su propuesta a periodicoeluniandino@gmail.com.
El pasado 21 de febrero del 2022, tras la lucha constante de diversos movimientos feministas y pro-decisión, la Corte Constitucional emitió la Sentencia C-055. En esta, se permite el derecho al aborto a niñas, mujeres y personas gestantes a interrumpir voluntariamente el embarazo hasta la semana 24. Este episodio ha sido histórico y motivo de celebración. Un esfuerzo colectivo de mujeres feministas y agrupaciones, como también de casos de vulnerabilidad y desasosiego que han enseñado que la revolución será feminista o no será. Son incontables las mujeres que pasaron por esta lucha para que hoy fuera posible decir que tenemos libre decisión sobre nuestros cuerpos. Sin embargo, a 8 meses de la despenalización del aborto, todavía son muchas las cosas sobre las que hay que tratar.
¿Qué nos dicen las estadísticas?
Ya han pasado 242 días desde la noticia. En esto, instituciones como La Mesa Por la Vida y Salud de las Mujeres, Causa Justa y Oriéntame, han realizado diferentes informes que dan cuenta de los resultados de la despenalización. “Balance 100 días del fallo histórico: ¿Cómo va la implementación de la sentencia C-055 de 2002?” hace un análisis del número de atenciones brindadas entre febrero y mayo de los años 2020, 2021 y 2022. En este se evidencia el aumento del número de atenciones brindadas siendo 34, 50 y 76, respectivamente. Entonces, se ve un incremento en atenciones brindadas para el 2022 (76), y no porque los abortos hayan aumentado, sino porque las mujeres ya recurren al marco legal. Lo que significa que, ahora son más las personas gestantes que realizan su IVE mediante el sistema de salud, demostrando así que los abortos se realizan bajo el marco del sistema de seguridad social, es decir, un aborto legal. En este sentido, según cifras de Oriéntame, “la proporción de mujeres que accedieron a la IVE por medio de las EPS aumentó en un 15 % respecto al año anterior (llegando al 42 %) y, según cifras de La Mesa, un 44,7 % de las mujeres acompañadas accedieron también con financiación de estas empresas”.(La Mesa, 2022, p.13). No obstante, La Mesa (2022) establece grandes barreras de acceso al IVE como por ejemplo: el desconocimiento del marco legal, su interpretación restrictiva y las fallas en la prestación del servicio de salud.
La llegada del nuevo gobierno
Ahora bien, ¿Será un buen porvenir el nuevo gobierno para los derechos de las mujeres? ¿Qué garantías nos ofrecen? y , ¿A quiénes debemos ponerle la lupa para que todo esto se cumpla? La respuesta es que SÍ, al parecer el gabinete del congreso y especialmente, la vicepresidenta Francia Márquez están interesados en proteger y luchar por los derechos de las mujeres. En el plan de gobierno de la candidatura presidencial fomentaron que ¡El cambio es con las mujeres! Promoviendo la participación política, la representación, las políticas del cuidado y la economía de la mujer. De la misma forma, establecen un rol importante en la agenda, la vida libre de violencias contra las mujeres, la garantía efectiva de los derechos sexuales y reproductivos, la mujer en territorio y paz y, la creación del Ministerio de la Igualdad. En relación con la tercera pregunta, hay que ponerles la lupa a todos, la protección de la mujer es un asunto que debe ser de interés común.
La lucha continúa
Si bien es una decisión histórica para Latinoamérica y el mundo en relación con la libertad y autonomía de las mujeres para abolir el delito del aborto en el código penal, aún existen grandes retos y necesidades para que la ley se cumpla; como la protección a migrantes, las barreras de acceso y, en general, el tabú existente sobre el derecho a decidir. Hay que tener en cuenta que en muchas regiones se sigue criminalizando al aborto como un delito, cuando ya no es así. La marea verde es latente pero todavía hay causas para luchar. Se debe garantizar, respetar y asegurar que en todos los casos sea legal. Si ya es ley en la corte, ¿por qué no volverlo ley en las calles?
Por: Maria Alejandra Munar, estudiante de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes. Feminista y conversadora.
***Esta columna hace parte de la sección de Opinión y no representa necesariamente el sentir ni el pensar de El Uniandino.