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Los matices de la polémica sobre el salario de los asistentes graduados


Una denuncia de un asistente del Programa de Formación Judicial de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes generó alarma y metió a la universidad en la discusión nacional sobre los salarios el pasado 23 de diciembre. “La precarización laboral de los asistentes docentes como política institucional” fue lo que escribió en Twitter Wilson Ordóñez, quien acompaña una clase con componente judicial de dicha facultad. El tuit rápidamente se hizo viral, recibió respuesta del rector Alejandro Gaviria y hasta un comentario del senador Gustavo Bolívar.


El Uniandino le siguió los pasos al asunto y encontró que, aunque hay molestias, el problema tiene matices. Existe un problema menos coyuntural en la facultad de economía, mientras que alrededor del reclamo que acaparó la atención hubo imprecisiones que, al menos en gran medida, se podrían atribuir a una falla de comunicación.

Abajo la historia completa.




Lo que pasó


Mientras a los asistentes del Programa de Formación Judicial (PFJ) les escribían por un mensaje de Whatsapp “con el fin de saludarle y desearle una Feliz Navidad y Venturoso año 2021”, más abajo les decían que, debido a la coyuntura, su salario tendría un valor “independientemente del número de secciones, alumnos o cursos a cargo, que corresponde a 510 mil pesos al mes”.


El mensaje generó molestia, según le explicaron varios asistentes a este periódico, porque mientras antes un asistente ganaba 4 millones de pesos al semestre por una clase de 5 créditos, “la propuesta que nos realizaron para este semestre es por el valor de 510 mil por mes bajo modalidad de prestación de servicios. Materialmente la remuneración que recibiríamos es de unos 230 mil mensuales”, nos dijo Wilson Ordóñez.


Después vino el intercambio en redes sociales que atrajo toda la atención, que involucró respuestas del rector Alejandro Gaviria y hasta un comentario del senador por la Colombia Humana Gustavo Bolívar.





El problema, desmenuzado


En Los Andes la figura de Asistencia Graduada (AG) es una oportunidad laboral para estudiantes de maestría o doctorado de la universidad. Según la última directriz, revisada el 12 de noviembre de 2020 por el Consejo Académico, las AGs tiene tres modalidades: docente, investigación y administrativa. A ninguna de estas figuras pertenecen los asistentes del PFJ, sobre quienes giró la polémica.


Esto cobra relevancia porque para los asistentes graduados reconocidos por la universidad existen beneficios y becas más allá del pago mensual, caso que no se corresponde con el de los asistentes del PFJ, que están contratados bajo otra figura y no estudian en la universidad por lo que su única compensación es el salario.


El Programa de Formación Judicial nació bajo la decanatura de Cataliana Botero en el 2018 y consta de varios ejes, entre ellos la “Consolidación de Cursos para la Formación Judicial - Cursos J” donde trabajan justamente los asistentes del PFJ.


Para hacer parte de ese programa, la facultad hizo una convocatoria dirigida a abogados graduados que tuvieran “experiencia en docencia o investigación e interés en materia de administración de justicia o pedagogía”. Inicialmente, el tiempo de contratación sería por cuatro meses para una dedicación de por lo menos medio tiempo, como consta en una nota publicada por la facultad de derecho.


Con la noticia de la caída en el sueldo, la situación para los asistentes de este programa se llenó de incertidumbre: “nadie tiene certeza sobre si va a continuar”, nos dijo uno de ellos. Esta misma persona acompañaba dos secciones y tenía que “asistir a las clases, preparar actividades, talleres y parciales. Calificar, subir notas, dictar clases [...] Si van a pagarme lo mismo por asesorar dos cursos que por asesorar uno solo, ¿cuál es mi motivación para dedicar el doble del tiempo y del esfuerzo?”, nos dijo.


“Uno no puede pasar de agache con estas dinámicas de precarización laboral. No puede ser que por nuestro deseo de aprender a ser docentes terminemos convertidos en mano de obra barata”

Tanto para Wilson Ordóñez, autor del tuit que se hizo viral, como para otras fuentes que pidieron reserva por miedo a posibles represalias en el futuro, el tema de fondo es la precarización laboral: “Uno como abogado, por ética, no puede pasar de agache con estas dinámicas de precarización laboral. No puede ser que por nuestro deseo de aprender a ser docentes terminemos convertidos en mano de obra barata”. Esta opinión la comparte uno de sus compañeros, quien pidió no ser mencionado: “Yo entendería que por la crisis me paguen un porcentaje de un 10-15% menos que el semestre pasado, pero me están ofreciendo un 50% menos”.


El Uniandino se puso en contacto con la decana de la facultad de derecho, Catalina Botero, para entender lo que había pasado y las razones detrás de la decisión que produjo malestar. Botero le explicó a este periódico que el PFJ se financia con recursos de terceros como Scotiabank Colpatria y Baker & McKenzie y no con recursos de Los Andes. Además, nos dijo que el dinero estaba presupuestado para acabarse este diciembre: “pero conseguimos recursos externos para extenderlo seis meses más”, explicó la decana.


La diferencia es que el dinero conseguido para la extensión -cerca de 60 millones- fue menor al de la primera fase, por lo que la decanatura se vio obligada, en la versión de Botero, a hacer ajustes financieros para adaptar el programa a las nuevas condiciones presupuestarias: “la alternativa era no hacer el proyecto”, nos dijo la decana.


“A mí no me parece precarización pagarle a un recién graduado lo mismo por hora de lo que se gana un profesor de cátedra como Ramiro Bejarano”

Botero agrega que habrá una reducción en la carga pues los asistentes “lo que tenían que hacer era diseñar e implementar actividades. Ya deben estar diseñadas, ahora deben implementarlas”. La carga no superará, según la decana, el 50% de lo que trabaja un profesor de cátedra, sin importar si apoya uno o más cursos. Y el plan es pagarle a los asistentes lo mismo que ganaría un profesor de cátedra cada hora. “A mí no me parece precarización pagarle a un recién graduado lo mismo por hora de lo que se gana un profesor de cátedra como Ramiro Bejarano”, afirmó Botero.


Sobre la discusión a propósito de la modalidad de contratación, todo parece apuntar a que hubo un problema de comunicación. Aunque algunos asistentes sostienen que tanto Juan Carlos Durán, nombrado recientemente coordinador del PFJ, como Clara Inés Rodríguez, asistente administrativa de la facultad de derecho, les dijeron que sería un contrato por prestación de servicios, otros asistentes niegan haber recibido esa información y la misma decana sostiene que la intención siempre fue hacer un contrato de vinculación laboral.



En cualquier caso, las explicaciones de Botero podrían terminar con la polémica, pero tienen un punto débil que coincide con un problema estructural en Los Andes: la decana se basa ampliamente en que el trabajo asignado a los asistentes en el papel, y con él las horas de trabajo reconocidas, se corresponde fielmente con el tiempo real que los asistentes deben invertir en la realización de sus funciones, lo que no es cierto en la mayoría de los casos.


Tan es así, que en medio de la polémica se conoció un reclamo, esta vez en la facultad de economía, donde los asistentes graduados llamaban la atención sobre este asunto: “las horas que se reconocen son menores a las horas de trabajo efectivo”, dice una carta enviada a la decana de esa facultad, Marcela Eslava, el 12 noviembre de este año.



¿Qué sigue?


El 24 de diciembre a las cuatro de la tarde, Juan Carlos Durán, nuevo director del programa, creó un grupo con los asistentes del PFJ y les envió el siguiente mensaje: “Quisiera desde ya convocarlos a una corta reunión un poco urgente para presentarme y darles detalles de lo conversado entre ustedes y Clara Inés en días pasados.” La reunión finalmente se hizo el 28 de diciembre a las nueve de la mañana.


Según los asistentes, se aclararon las cosas. Se acordó un contrato laboral para todos por 510 mil pesos mensuales, con una dedicación del 50% en comparación con un profesor de cátedra y una carga menor a la del semestre pasado.


En la reunión la decana Botero les explicó a los asistentes lo que le dijo a El Uniandino un día antes: “nosotros dependemos de las donaciones. Esto no es una política misional de la universidad, no tendría cómo apoyar un proyecto de estos. Fue algo que me inventé y aguanta hasta donde dé la plata”.


Los asistentes con los que hablamos en general estuvieron de acuerdo con la decisión. “Me da mucha tranquilidad que la decana nos dio la cara, nos explicó las condiciones reales del programa, nos explicaron un montón de cosas que nunca nos comentaron”, afirmó Wilson Ordóñez. Su opinión la comparten en términos generales varios de los asistentes con los que hablamos.


Sin embargo, el contexto en el que se dio la discusión dejó un sabor agridulce: “Creo que igual está situación se dio gracias a Twitter”, nos dijo un asistente que pidió no ser mencionado. Y aunque la decana valora el ejercicio de la libertad de expresión por medio de Twitter, también afirma: “es un problema de comunicación y se resuelven hablando [...] Si me hubieran llamado, se habría resuelto”. Por su parte, Ordóñez reconoce que tal vez los métodos para dar el mensaje no fueron los mejores pero sostiene que la solución sí lo fue. Dice que el evento deja un precedente negativo para la universidad: “solamente cuando una situación se convierte en algo mediático se encuentran soluciones prontas o al menos se proponen soluciones prontas a los cuestionamientos que hacen los miembros de la comunidad”.


Mientras tanto, el tema en economía sigue abierto. Marcela Eslava, decana de esta facultad, le contó a El Uniandino que elevó una consulta sobre los modelos salariales en la universidad, pues una preocupación que expresa la carta de los asistentes es que “la remuneración por curso pareciera encontrarse por debajo de la remuneración promedio de la universidad”. Según Eslava, ya tienen una respuesta y esperan reunirse con los firmantes en la semana del 18 de enero para comunicarla. Queda esperar que pasará en esa reunión y si los asistentes docentes, de cuyo trabajo depende el buen funcionamiento de la universidad, saldrán ganando.



Por: Santiago Amaya