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El Niágara en bicicleta


Andrés E. Carmona Villegas es Estudiante de Derecho y Pedagogía y codirector del Semillero de Derecho Médico y de la Salud. Aquí su columna "El Niágara en bicicleta". Para contestar la columna envíe su propuesta a periodicoeluniandino@gmail.com.



Apreciado lector: ¿Está usted satisfecho con el sistema de salud colombiano? Déjeme adivinar: a menos que usted se haya desempeñado como Presidente de la República, Ministro de Salud, o miembro de la Comisión Séptima del Senado en los últimos treinta años, lo más probable es que no lo esté. Y lo entiendo. ¿Cómo no entenderlo? Conseguir citas es una odisea, las EPS e IPS frecuentemente nos niegan tratamientos, y, si pertenece al 18.75% de la población colombiana que vive en la ruralidad, es probable que le haya tocado desplazarse horas para encontrar atención médica especializada. Es muy probable, en fin, que usted haga parte de los colombianos que salieron a marchar a inicios de este año reclamando, entre otras cosas, un mejor sistema de salud. Pero, ¿por qué? Me arriesgo a adivinar que las razones de su inconformismo tienen que ver con el acceso que tenemos los colombianos a servicios de salud. No es lo mismo tener un seguro de salud, o aseguramiento, que de hecho recibir los servicios de salud cuando los necesitamos.


El contraste entre aseguramiento y acceso es la primera pista que podemos utilizar para descubrir las falencias del sistema de salud colombiano. Se ha vuelto frecuente escuchar que economistas, exministros de salud y académicos defienden la gestión en salud del gobierno por los aumentos de cobertura de aseguramiento. Pero aunque es cierto que ese indicador ha aumentado desde la expedición de la Ley 100, el acceso a servicios de salud no se ha incrementado de la misma manera. ¿Por qué? Una respuesta rápida e intuitiva sería que -a diferencia de lo que parece creer el gobierno- no es suficiente que las personas se afilien al sistema de salud para garantizar su acceso, porque es necesario que el país cuente con suficientes hospitales y médicos (es decir, suficiente oferta de servicios de salud) para atender a todos los afiliados.


Ante la terquedad del gobierno, el legislador, y la academia, vale la pena reiterar lo obvio: de nada sirve que el aseguramiento en salud sea casi universal si no hay hospitales y médicos que atiendan a los afiliados, porque los médicos y hospitales - no el carnet de afiliación a la EPS- son quienes reciben pacientes, hacen consultas, formulan medicamentos, y atienden urgencias. Como no hemos entendido esa realidad básica, nuestras cifras de acceso a la salud no mejoran. Según el Consejo Privado de Competitividad, en 2019 el 26% de los colombianos no solicitaron o no recibieron servicios médicos al momento de necesitarlos por las mil barreras que existen, como lejanía física de los centros de atención, los muchos trámites para conseguir las citas y las demoras o malos servicios aún cuando se logra conseguir una cita. El común denominador de estas barreras de oferta es que todas tienen la misma raíz: la oferta de servicios médicos en Colombia es insuficiente. Esa insuficiencia hace que los hospitales que sí tenemos estén congestionados, que no existan hospitales en varias zonas rurales y que los hospitales que están operando en este momento no tengan incentivos para prestar mejores servicios de manera más eficiente, pues tienen poca competencia.


Consecuentemente, es necesario incrementar la oferta de servicios médicos en nuestro país para garantizar el acceso a la salud de nuestros conciudadanos. ¿Cómo podemos hacerlo? Mediante dos mecanismos: o logramos que el gobierno utilice sus recursos de manera rápida y eficiente para la construcción de hospitales públicos, o encontramos alguna manera de incentivar la construcción de hospitales privados. Si analizamos los datos, encontraremos que la gran mayoría de los hospitales de nuestro país son privados, esto nos indica que el sector privado ha sido más eficiente que el gobierno al momento de construir hospitales y prestar servicios médicos.


Sin embargo, el potencial del sector privado para construir y dotar hospitales que presten servicios de salud para todos los colombianos no se ha materializado. Y no se ha materializado porque las EPS, con el respaldo tácito del Ministerio de Salud, han desincentivado la inversión en clínicas y hospitales en nuestro país. Al 30 de junio de 2020, las EPS y el Estado le debían 10.5 billones de pesos a las 218 IPS afiliadas a la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas por concepto de cartera corriente y morosa. En Colombia, existen 9,598 IPS privadas. ¿De cuánto será el monto de la deuda total? Lo más grave es la naturaleza de estas deudas. En su “44o Informe de Seguimiento de la Cartera Hospitalaria”, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas advierte, contundentemente, que ese dinero “obedece a la prestación de servicios de salud, AÚN SIN PAGO por parte de la entidad responsable (ya sea EPS, compañía aseguradora, el mismo Estado, entre otros deudores).” ¿Hacia quien estará dirigida esa aclaración, que evidentemente sobra? Probablemente hacia nuestros últimos tres presidentes, sus ministros de hacienda y de salud y sus apologistas en la academia, quienes -por incompetencia o impiedad- han pasado a ocupar importantes puestos en la academia desde los que hablan mieles de los esfuerzos del Estado por incrementar la cobertura en salud de nuestro país. Ya no más. Nuestro sistema de salud se ha construido sobre las espaldas y sobre la dignidad de los médicos y sobre la cartera morosa que le debemos a los hospitales. Mientras no reconozcamos esta realidad, no vamos a expandir nuestra cobertura. Más fácil sería pasar el Niágara en bicicleta.



Si a usted le molestan las injusticias que describí en esta columna, no dude en aplicar al Semillero de Derecho Médico y de la Salud de la Universidad de los Andes. Envíe un correo a semillerodmsuniande@uniandes.edu.co para más información.


Por Andrés E. Carmona Villegas. Estudiante de Derecho y Pedagogía y codirector del Semillero de Derecho Médico y de la Salud


*** Esta columna hace parte de la sección de Opinión y no representa necesariamente el sentir ni el pensar de El Uniandino.